sábado, 26 de enero de 2013

Jóvenes PRO (nada que ver con la Cámpora)

El prestigioso intelectual Ivan Petrella publica hoy un artículo en La Nación (órgano de propaganda electoral del elenco de teatro de revistas devenido en partido político, conocido como PRO) en el que señala su perplejidad respecto de hitos de países latinoamericanos durante 2012, respecto de los cuales nuestro país estaría muy alejado de alcanzar con hechos análogos.

Los 5 hitos son impactantes:
-Ecuador (el país del dictador Correa) armó una universidad en sinergia con una prestigiosa universidad belga. Una forma de integración con el mundo, con la finalidad de insertarse en el proceso de "generación de capital humano", de acuerdo a parámetros productivos y de desarrollo globales. Bue, qué sé yo, tanto como hito... en fin.
-Brasil, en medio de una disputa política entre la presidenta y el máximo dirigente de su partido, enfrenta una guerra de carpetazos mediante la cual se intenta dirimir quién será el beneficiario de la sucesión. Se conoce a la faena como "lucha contra la corrupción".
-Perú convierte a un partido supuestamente de izquierda en continuador de las políticas regionales de un gobierno anterior de derecha, con clara afinidad con los intereses estadounidenses en la región. Latinoamericanismo al revés (ya veremos por qué la referencia).
-Bolivia logra la hazaña de endeudarse en los mercados financieros internacionales, situación que tantos trastornos le causó a las poblaciones de los países del tercer mundo en el pasado, incluido por supuesto Bolivia. Una proeza.
-Colombia muestra el discutible mérito de entablar negociaciones truncas con una organización guerrillera que mantiene el control sobre algunas regiones rurales del país.

Por otro lado, otro joven PRO, el gran Martín Yeza, nos muestra un interesantísimo artículo en INFOBAE (espacio publicitario disponible), en el que aborda una "problemática" filosófica tan fecunda como la que enfrenta latinoamericanismo (una forma ampliada de nacionalismo) y cosmopolitismo.

Un cosmopolitismo que nos pone como ejemplo a los países del primer mundo, con monedas sólidas (como el euro o el dólar), cuyo valor se sostiene en el poder de las armas. Que brinda un amor cosmopolita intensísimo a las poblaciones del tercer mundo a las que bombardean, o intervienen militarmente, o entre las cuales instigan guerras internas, siempre con incomparable amor por la especie humana (como Malí, Libia, Irak, Somalía, Djibouti o Afganistán).
Un amor que trasciende las fronteras, sobre todo a la hora de bombardear o de saquear recursos naturales, pero no tanto cuando ciudadanos de esas alejadas periferias intentan establecerse en mancomunión con estas sociedades modernas. Ahí las fronteras vuelven a cobrar fuerzas.
Por eso es insólito que se diga, por ejemplo, que son países (los desarrollados) de los cuales es fácil entrar y salir. Es fácil entrar y salir si sos europeo. O yanqui. Curiosa selectividad a la hora de ejercer el cosmopolitismo.

Y curioso también que haga alarde de cosmopolitismo (y que defina al cosmopolitismo como este amor por la especie humana en general, más allá de las nacionalidades) alguien que pertenece a una fuerza política cuyo máximo representante habló en varias oportunidades de "inmigración descontrolada".

En fin, dos muestras de lo que son capaces de idear las jóvenes promesas de este semillero, las divisiones inferiores del equipo que Macri tiene preparado para el 2015, tan bien inspirado en la banda de dirigentes derechistas con la que Frondizi conformó su gobierno. O, mejor dicho, el que los dictadores militares en las sombras le dejaron formar, en tanto él era simplemente un gerente menor (igual que Illia) de la dictadura antiperonista.

jueves, 24 de enero de 2013

La renta financiera

Hoy Javier Lewkowicz publica un artículo en Página 12 en donde discute la cuestión del impuesto a las ganancias y las distorsiones a las que está sometido por las desparejas actualizaciones de los últimos años (incluyendo la nula actualización del 2012). Hablamos del tramo del impuesto que afecta a personas físicas que trabajan en relación de dependencia. Que aporta el 35% de lo que se recauda por este impuesto (el resto lo aportan las retenciones a autónomos y empresas).

Una cosa que se suele repetir sobre este tema es que el impuesto tiene un peso menor sobre los ingresos fiscales en Argentina al que tiene en otros países del mundo señalados habitualmente como ejemplo por los detractores del peso del gravamen sobre los salarios.

Lo que la nota dice explícitamente es que el impuesto a las ganancias representa un ingreso fscal equivalente, en Argentina, a menos del 2% del PBI. En Dinamarca, es del 24% Pero también en países menos "socialistas" como EEUU el peso es mayor. Un 9% del PBI recauda el fisco por este concepto. En esos países el salario es ganancia. Aunque, también hay que decirlo, los ingresos son, en parte a costa de las poblaciones más pobres de África, Asia y América Latina, notablemente superiores en moneda internacional. Y si bien la proporción se mide en base a PBI (que también es más sustancial allá que acá), con ingresos más altos hay más margen para gravarlos.

Demás está decir, porque es tan evidente que no vale la pena ni insistir mucho en el tema, que Ganancias es un impuesto (como cualquier impuesto a los ingresos) progresivo, es decir, cuánto más ganás más pagás, a diferencia de los impuestos al consumo, como el IVA, que operan exactamente al revés. Los paladines del slogan "el salario no es ganancia" podrían apuntar sus cañones, combatientes contra el capital como son, hacia el IVA, cuyas devoluciones, aparte, se realizan contra pago con tarjeta de débito, que si bien a esta altura tiende a universalizarse, existe todavía un fuerte sesgo en el uso de estos plásticos que lo hacen más difundido entre las clases acomodadas que entre los pobres. O sea, el impuesto es regresivo en sí (el que gana menos y se gasta todo el sueldo en alimentos paga un 21% de su ingreso de manera indirecta a través del IVA, el que tiene capacidad de ahorro paga en el mismo concepto una proporción mucho menor) sino que además, tiene mecanismos de compensación e incentivo que favorecen más a las clases medias y altas que a los pobres.
Sin creer que modificar este impuesto pueda ser una faena sencilla, hecha con imprudencia y sin pensar las consecuencias sería al menos más reconocible que fuera éste el blanco de las críticas igualitaristas y no el impuesto a los ingresos.

Más allá de eso, es muy conocido que las distorsiones son reales. Que el mínimo imponible hoy quedó tal vez un poco bajo para lo esperable según los usos y costumbres argentinos y la actual situación de presión tributaria. Y que la persistencia en no modificar las escalas que modifican las alícuotas (actualmente en 10 lucas anuales) generan distorsiones que hacen que un tipo, con un aumento de 500 mangos mensuales pase de pagar 30 pesos a pagar 200 de ganancias (cálculos estimativos, no se me abalancen todavía).

Pero el dato que más me llama la atención es el que levanta del trabajo del CIPPEC. Sobre un total recaudado de 35.000 millones de pesos, aproximadamente, terminar con la exención a los jueces y a la "renta financiera" de personas físicas aportaría unos 6.000 millones adicionales. Seguramente menos de la merma que supondría una suba sustancial del mínimo no imponible y las escalas sin modificación de las alícuotas.

Y el tema de la "renta financiera", que insistimos: no es algo que pagarían los bancos, sino las personas físicas con ahorros en el circuito formal, además de los problemas que en el sistema financiero podría generar a partir de herir susceptibilidades de ahorristas ya bastante heridas y los riesgos de corridas que de ello se desprenderían, destaca justamente que (si el trabajo de CIPPEC es medianamente correcto) no sería ni de lejos la solución a los problemas fiscales ni la corrección definitiva al sesgo injusto de la distribución del ingreso en la Argentina, como les gusta creer a los consumidores consuetudinarios de los productos que vende la verdulería que instaló la CTA blue, y que llaman Observatorio o algo parecido, de no sé qué cosa.

lunes, 21 de enero de 2013

Yo, el conservador (a diferencia de Kicillof, que es marxista. Y judío)

Micheli en el último casting para los  Muppets
Los precios no se aplacan. De hecho, en estas últimas semanas parece que aumentan más rápidamente.
Y con decir que uno "no es monetarista" no alcanza. Porque la realidad muestra exactamente otra cosa. La aceleración de la emisión del BCRA tiene correlato directo en dos elementos: la suba del dólar ilegal y el aumento de los precios. El mismo BCRA parece admitirlo cuando sube las tasas de las Lebacs y Nobacs para instar a los bancos a que le devuelvan pesos.

Negar las correlaciones no hace bien. Podemos explicar infinidad de cuestiones respecto de la participación de agentes particulares (con intereses particulares) en cualquiera de estas consecuencias. Eso no es incompatible con la opinión de que la emisión de pesos y el aumento de adelantos transitorios para transformar directamente en gasto público convalida inmediatamente la aceleración de los precios.
En las condiciones actuales, en las que no existen demasiadas capacidades demostrables para atacar y neutralizar el accionar de los denostados especuladores que generan esas consecuencias nocivas para la economía, lo mejor es someterse a cierto disciplinamiento a la inteligencia y relegar por un rato la voluntad.

Hay una cosa: la demanda de divisas por particulares es un mecanismo de esterilización monetaria. Los pesos excedentes, en lugar de convertirse en demanda de bienes, van a la compra de divisas, a la formación de activos externos, a la famosa fuga. Son pesos que, con el mercado de cambios liberado, el BCRA absorbía, sacaba de circulación. Hoy no pasa lo mismo. La salida está cerrada. Y el mercado ilegal, chico, aparte no esteriliza los pesos.

Lógicamente, si yo fuera mago, usaría la varita mágica para alcanzar los niveles de inversión necesarios para propiciar aumento en la capacidad instalada que me permita sortear los cuellos de botella que aparecen en los rubros en los que se desequilibran oferta y demanda, sin necesidad de ajustar precios. Con una inversión sustanciosa direccionada hacia actividades estratégicas (logística, energía, bienes intermedios y alimentos), sumada a la emergencia de mano de obra ociosa capacitada (no digo que no la haya, enfatizo en capacitada), conseguiríamos una expansión de la oferta que nos permitiría sacar presión sobre los precios, a partir de que el alza de costos se diluiría en mejoras de productividad y ajustes por cantidad de producción para abastecer una demanda firme.

Pero claro, si no soy mago, tengo que darme cuenta que no puedo seguir avalando la inercia de cierta parte de la realidad como si la magia se operara, cuando en realidad no se opera. Yo entiendo y valoro mucho los esfuerzos intelectuales que exponen alternativas en las cuales la intervención estatal en las cadenas productivas y de comercialización y la generación de un shock de inversión se transforman en la solución de los problemas. Pero esa opción no está en el menú de la realidad. Al menos no con el grado de pureza que muestran en la ilusión.
Mirar para atrás y ver el largo plazo de 9 años en que tales fenómenos no ocurrieron, y evaluar además las limitaciones objetivas que se enfrentaron para que tales cosas no ocurrieran, no nos permite excedernos de optimismo creyendo que son una cuestión de voluntad, que se implementa en 5 minutos, y que encima gracias a eso, que dará resultados decisivos al día siguiente mismo de la implementación, podemos renunciar a cualquier prerrogativa de prudencia en la acción. Parece que no escarmentamos con la cachetada de la realidad que nos dice que la estatización de YPF no alcanzó a administrar consecuencias milagrosas que nos sacaran inmediatamente del listado de importadores sustanciales de energía para abastecer nuestro aparato productivo.

Más allá de eso, hay elementos que apuntan a este esquema. por ejemplo, la reforma de la carta orgánica del Central, que le permite un margen de intervención mayor en el funcionamiento del sistema financiero, sobre todo, en lo que hace al otorgamiento de créditos, la reforma del mercado de capitales, la reforma del mercado de los seguros. Pero las consecuencias no son inmediatas ni mágicas.

Gobernar no es hacer lo que uno quiere. Es hacer lo que se puede.
Y mi idea, nuevamente este año, como desde hace un par, es apostar a cierta prudencia, emprolijar el gasto público, ser un poquito amarrete en el dispendio de los fondos públicos (aumentarlo un poco menos que la inflación, evaluando bien en dónde recortar), y tratar de sacarle un poco de nominalidad a la expectativa de aumentos salariales (sobre todo de los más altos). Que está bien la demagogia de hacerles caso a los empresarios de la salud que en los ratos libres van a TN a oficiar de representantes de los trabajadores. Pero uno también entiende que hablan de aumentar salarios al 30% por 6 meses solamente (ante el aplauso de los "defensores de los intereses de los trabajadores, revolucionarios enemigos de los empresarios y del sector rentístico"), porque también están sufriendo la estrechez de costos en las obras sociales, y necesitan subir sus precios, que no son otra cosa que los aportes patronales y los descuentos salariales. Pero las consecuencias de una espiralización de precios no las van a pagar ellos, que los quebrantos de sus empresas se los transfieren al estado, ya que tienen la suerte de administrar semi-privadamente un servicio esencial que el sector público no puede abandonar.

En fin, tal vez llegó la hora de empezar a abandonar los incrementos salariales de porcentaje plano para todas las categorías, tratar de sostener primordialmente el poder adquisitivo de las categorías más bajas y de los empleados informales a través de la asignaciones (no debería ser la asignación por hijo, por este motivo, más alta que cualquier asignación familiar para empleados formales? pregunto, para escándalo de Moyano que, Biblia en mano, nos dice que el modo de ganarse el sustento es el trabajo, por orden directa de Dios), y que el 30% de los salariados de mejores ingresos acepten que sus ingresos sólo podrán compensarse con una pequeña reducción de los descuentos de Ganancias, pero con una nominalidad menor a la de la inflación. Y que los subsidios que favorecen sus consumos deberán ser revisados con la consecuencia en precios que eso tiene.

viernes, 11 de enero de 2013

Orden jurídico y legitimidad

"Si yo soy empresario y quiero tener 200 mil medios, ¿quién es esta conchuda para decirme que no los puedo tener? Si es mi plata y yo hago lo que quiero", grita un tipo en medio de una discusión familiar.
Es curioso cómo en muchísimas oportunidades las argumentaciones requieren de estas identificaciones personales. Como si fuera lo mismo que la "conchuda" se meta con la plata de Ernestina y le quiera poner límites a lo que Ernestina hace con su plata o que hiciera lo mismo con un poligriyo cualquiera.

Parece una tontería, pero es un punto llegado al cual suelen naufragar las posiciones que intentan defender la intervención estatal en la expansión de la renta individual. Porque cualquiera de nosotros podría ser el afectado por esa intervención. "Qué se tiene que meter con mi plata?". Los "neutrales" se sienten amenazados y toman inmediatamente partido. En defensa de "su" plata.

Es un arduo problema de la filosofía éste de establecer las relaciones entre lo genérico y lo individual. Y la constitución del sujeto. A lo que Marx le sumó la mediación que ejerce lo material, a través del concepto de clase. Si uno está atento, percibe cómo las dificultosas discusiones filosóficas se nos cuelan constantemente por los intersticios de lo cotidiano.

El punto central es que en este caso el sujeto no es intercambiable. No es "tu" plata. Es la plata de determinada persona, puntualmente identificada, no la tuya. No es la plata de cualquiera. Es la plata de Ernestina Herrera de Noble.

En todo caso, en términos genéricos, podemos limitarnos a la construcción de una clase. Es la plata de los beneficiados por un sistema jurídico arbitrario y consensuado, pensado justamente para garantizar que sus máximos beneficiarios hagan lo que quieran con su plata. O mejor dicho, que esa que anda por ahí, producida con el esfuerzo mancomunado y organizado (proceso no exento de violencia y verticalidd jerárquica) de todos aquellos que fatalmente viven en asociación, se transforme legalmente en su plata. Dejando de ser, al mismo tiempo, por cuestiones ontológicas la plata potencial de cualquier otro.

Un ordenamiento jurídico, además, que practica muy bien las técnicas de ocultamiento. A través de la ficción de la igualdad ante la ley, quedan implícitamente legitimadas las bases de la desigualdad en el acceso a lo material. La individuación que permite decir "con mi plata hago lo que quiero". Con esa plata que nunca es tu plata en la realidad, más que cuando defendés sin saberlo la plata de otro. Deschavando apenas el funcional e incumplible deseo de que alguna vez sea tu plata. La clave es que ese deseo colectivo es, en esos términos, inmaterializable. No hay lugar para todos en el paraíso de "con mi plata hago lo que quiero".

El orden jurídico es, para todos nosotros, contemporáneos, heredado. Son, sus beneficiarios, por lo tanto, los más o menos incontrolados herederos de aquellos que supieron generar los consensos necesarios como para que la arbitrariedad fuera aceptada (por acción u omisión) aunque más no fuera que como mal menor por las gran mayoría.

Pero esto hace que esa arbitrariedad legitimada en un consenso implícito pueda ser modificada. En tanto se establezcan los consensos necesarios para que tal cosa pase. "tal cosa", en realidad, es un reemplazo de un orden por otro, o al menos de un parte, por otra distinta, aunque relativamente coherente con el resto del aparato. Esta es la mayor dificultad. No hay saltos al vacío. La vida en sociedad es, contrariamente a lo que pensaron algunos, una fatalidad inevitable. De manera que de derecho o de facto, algún régimen que defina el vínculo de los hombres entre sí y con lo material debe inevitablemente haber. Por eso, ante la inseguridad de poder generar algo mejor, solemos aceptar lo que hay. Por instinto de supervivencia. Lo cual se constituye en la mayor garantía de estabilidad del sistema.

Todo esto para decir, en definitiva, que si "la conchuda" se quiere meter con tu plata, que en realidad es la plata de otro, lo puede hacer, en tanto cuente con el consenso necesario. Todas las leyes son arbitrarias. Todas las formas legales de distribución del producto social son arbitrarias. Y que se imponga una u otra depende (sí) de la prepotencia de las mayorías.


viernes, 4 de enero de 2013

El candidato precoz, que tendrá que hacer más méritos que sus predecesores, pero todavía menos que sus sucesores

Sin perjuicio de lo dicho en entradas anteriores (que los porteños pagamos poco por los servicios que utilizamos), toca ahora llamar la atención sobre la otra cara de la "normalización" a la que se presta el jefe de gobierno Macri, y que responde a visiones pro-mercado, que (aunque parezca mentira) son fácilmente refutadas por la historia reciente de la Argentina.

La idea surge del siguiente apotegma: como los servicios son baratos, entonces son malos. Si queremos servicios buenos, habrá que pagarlos. Por anticipado.

Esto es de dudosa comprobación. No hay ninguna garantía de que las "señales de precios" incentiven a los concesionarios privados de servicios públicos, con renta garantizada o no, a que brinden servicios mejores.
Los vecinos de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires recordarán que en épocas en que pagábamos las "tarifas más caras del mundo" (y en que ir a Miami era baratísimo) sufireron el gran apagón del año 99, que dejó sin luz a muchísima gente. Los últimos en recuperar el servicio lo hicieron después de 2 meses.

Pero volvamos a la administración porteña (la luz porteña, por ahora, continúa siendo pagada por los ingresos de rentas generales del estado nacional).
Con el subte de 6 pesos que planea (o al menos ensaya) el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tampoco hay garantías de un servicio mejor. Lo que habrá, seguramente, es un desahogo por el lado de la demanda, en el corto plazo. Al viajar menos gente (por el diferencial de precio con los transportes alternativos) quienes lo sigan haciendo viajarán un poco más cómodos, y esto le permitirá a la empresa (cuya rentabilidad garantizó De Vido durante años) recuperar cierta eficiencia en la planificación del servicio (sacar los trenes a hora, cumplir los cronogramas) y dejar las estaciones y trenes en mejor estado estético (limpieza principalmente) sin fuertes incrementos de costos.

Ahora bien, si reparamos en lo que pasa con el servicio de recolección de residuos se nos ocurrirá alguna comparación desagradable.
Desde que Macri asumió en 2007, el ABL aumentó 1200%. La excusa de la inflación no se aplica para fundamentar esos valores, salvo que Grindetti nos explique que había que blanquear una inflación acumulada desde 1870, cosa que no estaría tan alejada de la realidad (acá, entre nosotros).

El aumento tiene una explicación múltiple. Por un lado, el bajo piso del impuesto. Por las particularidades ya mencionadas de la ciudad de Buenos Aires, se paga en una sola boleta lo que en los municipios del gran Buenos Aires (y supongo que de todo el país) se paga en dos: por un lado la tasa municipal, con contraprestación de alumbrado y limpieza; por el otro, el impuesto inmobiliario, cuya alícuota se aplica a la valuación fiscal de la propiedad y lo recauda la provincia. Como la ciudad de Buenos Aires no es municipio ni provincia sino las dos cosas al mismo tiempo pero solamente algunas veces y otras no, ambas imposiciones (la tasa y el impuesto) deben ser recaudadas por el mismo ente, y vienen en la misma boleta. Economizamos papel. Somos ecológicos, "amigables con el medio ambiente".

En 2011, se decidió discriminar estos conceptos en la boleta de ABL porteño (pero el ente recaudador sigue siendo uno solo). Ahora pagamos una tasa por el alumbrado y la limpieza, y un impuesto en relación al valor fiscal de la propiedad.
Uno de los artilugios utilizados para promover los fenomenales aumentos que no se detienen este año sino que seguirán produciéndose hasta 2015, es el atraso de las valuaciones fiscales. Paulatinamente las mismas se irán acomodando al valor "de mercado", como ya ocurre con los autos radicados en la ciudad.
De paso, la boleta dejó de ser bimestral para pasar a ser mensual. La gran mayoría de los inmuebles vieron, por esto, duplicado el total de impuesto más tasa.

Pero por el otro lado, también la tasa municipal sufre y sufrirá incrementos, relacionados con los mayores costos de los servicios. El año pasado, se produjo la quita del subsidio nacional al alumbrado público porteño. Este año, todavía no cerraron paritarias los camioneros, pero las empresas recolectoras ya le transfirieron un aumento de costos al Gobierno de la ciudad, que todavía no lo plasmó en la tasa municipal. No se asuste señora si en los próximos meses le llega algún ajustecito en la boleta. Porque el aumento de este año corresponde al plan de adecuación de las valuaciones fiscales solamente. Falta el de "limpieza". Le van a decir que es para que la ciudad esté más limpia. Pero va a seguir igual.

Sin reparar en esta complejidad, los vecinos de la ciudad ligan automáticamente ABL con recolección de residuos. Y en esto Macri ha provocado un cambio radical en la ciudad. Radical, no en el sentido derivado de "raíz", sino en sentido político y en alusión a la eficiencia que caracteriza a los gobernantes de ese signo.
Si el progresismo predecesor brindaba un servicio malo, aunque barato, Macri empezó a brindar un servicio bastante caro. Y pésimo.
En línea con el apotegma de inicio de la entrada, pero exactamente al revés.

No sería de extrañar que en un plazo mediano, con el subte pasara algo similar. Sobre todo si la idea es que la distribución de recursos nacionales entre distritos vaya siendo cada vez más equitativa en el siguiente sentido: los más poderosos aportan más, para que los menos poderosos reciban más. Una distribución fiscal con función equilibradora de las desigualdades, y no ratificadora de las mismas.
La experiencia muestra que los servicios administrados distritalmente suelen bajar en calidad en comparación con los administrados nacionalmente.

Macri tendrá que afrontar esos riesgos.
Es una posición mucho más incómoda que la que tuvo hasta acá. El jefe de gobierno porteño tiene hoy otros compromisos que cumplir. No le alcanza (como si le alcanzó a De La Rúa) con plantar florcitas de colores en las plazas y decir generalidades de feria sobre "teoría del estado" con cara de estadista practicada en las clases de teatro y oratoria a las que lo someten sus asesores de imagen, en conferencias de prensa informales sobre avenida de Mayo, para ser un candidato a presidente viable. No podrá ser como aquel hombre que estaba a 100 pasos de cambiar el país para siempre. Y lo cambió para siempre. Radicalmente, en los dos sentidos del término.

martes, 1 de enero de 2013

La autonomía porteña y el reparto de los recursos

Macri se hace cargo del subte. Qué bueno. Bah, no sé. Nos saca un motivo para criticarlo. Porque el aumento del boleto ya está políticamente amortizado. Si bien es cierto que fue un duro golpe al bolsillo del pueblo trabajador asestado por la derecha neoliberal (no como la necesaria readecuación de tarifas de transporte urbano que con muy buen tino decidió el ministro Randazzo, y que fuera a su vez imitado por Scioli), ya no tiene potencia.

Y, la verdad, todo bien con Lubertino, pero los berrinches por la suerte que correrán los vagones de la línea A ("nuestro patrimonio cultural") disparan consignas tan militantemente atractivas como la defensa de los osos panda chinos, o el más cercano escándalo del fallecido oso polar, víctima del maltrato humano recibido en el zoológico porteño, que nos puso a debatir respecto de la necesidad de estatizar los zoológicos (?), o sobre la misma procedencia de que existan los zoológicos, no sólo en Buenos Aires sino en el mundo. Para mí, no solamente en el tema del oso polar sino en todo este asunto de los animales y qué sé yo, los veganos tienen razón. Pero propongo que dejemos el debate para más adelante. Y nos ocupemos de cuestiones más pedestres. Con todo respeto.

El problema porteño sigue siendo jurídico. Con la reforma constitucional de 1994 se desaprovechó una gran oportunidad de terminar con lo que fue a lo largo de la historia argentina un elemento clave en la desigual distribución geográfica de los recursos: la permanencia de Buenos Aires como capital federal. Lo que volcó en su territorio durante muchos años masas de recursos aportados por el gobierno nacional con el fin de desarrollar una ciudad cosmopolita, que estuviera "a la altura de las grandes capitales del mundo". Esta idea rondó vigorosa en el imaginario de los fundadores de la patria, curiosamente todos nacidos en provincias del interior.

Decía que se desaprovechó la oportunidad, porque ante la emergencia de fuerzas sociales dispuestas a terminar con el orden jurídico imperante y a "autonomizar" la ciudad, no se optó por lo que hubiese sido una salida más funcional: convertir a la ciudad en un municipio que integrara una provincia, que nucleara a la ciudad y los municipios adyacentes que componen claramente una misma región en virtud de la interdependencia funcional que tienen entre sí.

Se eligió en cambio la figura que Asís llama "Artificio autónomo de Buenos Aires". Un ente jurídico que no es municipio, ni es provincia, aunque es en parte las dos cosas, pero solamente a veces, y otras veces no. Se prefirió, digamos, mantener el coto radical, a modo de promesa y prenda de cambio. Así como La Matanza siempre sería peronista, la ciudad de Buenos Aires siempre sería radical. Hace 15 años se pensaba así. Y desde hace 10 años no es más así. Hasta esa calesita chocó el radicalismo. Y en tiempo récord.

Así, el ejecutivo a cargo de la jurisdicción no es intendente ni gobernador, sino Jefe de Gobierno.
Lo cual hace que cobre ABL, como cualquier intendente, tenga a su cargo la inspección y habilitación de locales comerciales, la recolección de residuos y el alumbrado público, la poda de árboles, el arreglo de veredas, el bacheo, poner flores en las plazas, dirigir el tránsito y concesionar el zoológico.

Y aparte cumple algunas otras funciones de Gobernador, como cobrar ingresos brutos, recaudar impuesto inmobiliario, administrar la salud pública, recibir fondos de coparticipación, lanzar promociones industriales.

Pero no se encarga ni del transporte público (salvo ahora lo del subte), ni de los servicios de luz, agua, gas, cloacas, ni se calienta por la construcción de viviendas ni por la seguridad, cosas que permanecen bajo la órbita del gobierno nacional. Y que en algunos casos su traspaso generaría un problema operativo: por ejemplo, todos los servicios públicos, compartidos en red con todos los municipios del gran Buenos Aires.

Un intendente con ínfulas de presidenciable. Y un menú disponible de excusas, constitucionalmente sancionadas. No es que Macri sea así. El cargo está hecho para que quien lo ejerza sea así.

Y en este aspecto (los servicios públicos) es en donde más se nota el efecto nocivo en la distribución que tuvo la federalización de Buenos Aires (más allá de los motivos por los cuales se haya decidido, hablo de los efectos a lo largo de un período histórico prolongado). Lo menos regresivo de todo es el inconcebible hecho de que las tarifas de los mismos permanezcan subsidiadas por el estado nacional, con recursos aportados por todas las provincias. Hay algo más notorio todavía. La infraestructura básica que cuenta la ciudad: luz, agua potable, cloacas, gas de red. Cobertura total que no se consigue ni siquiera en municipios vecinos como el de Avellaneda. Ni hablar de José C. Paz. Ni hablar del resto del país.
Los porteños no pagamos una tasa adicional por el asfalto, porque ya nos vino asfaltada la calle de nuestra casa. No pagamos la conexión a la red de gas natural, ni a la cloaca, porque ya estaba hecha cuando nacimos. Esto no es así en el resto del país. En el Gran Buenos Aires sin ir más lejos, en donde la carencia de infraestructura básica persiste aunque en estos últimos 9 años se avanzó muchísimo, sobre todo en cloacas y agua potable desde la reestatización de la empresa de agua que permitió terminar en 2010 con las obras pautadas por la empresa privada (y convalidadas por los gobiernos nacionales) para el año 2020, esas cosas se pagan en la boleta municipal

Este fenómeno histórico de desarrollo de la gran ciudad cosmopolita argentina, a la altura de las grandes capitales del mundo, es el que volcó continuamente recursos de todo el país para desarrollar esta idea grandilocuente, de ser los más europeos de América latina. Y los porteños nos acostumbramos a que sea naturalmente así.

Por eso a veces me causa fastidio que desde el kirchnerismo, que en cuanto a obras públicas y desarrollo de infraestructura básica fue el más geográficamente equitativo (el más "federal" diríamos) de todos los gobiernos de la historia argentina, se mantenga una estructura de pensamiento "autonomista" en el peor sentido, que es la impuesta en la reforma constitucional de 1994. Y es "en el peor sentido", porque justamente nadie llamó la atención (arteramente) de que ser autónomo era más caro que ser "federal".

Es todo parte de un mismo proceso de discusiones en las cuales será muy difícil convencer de que un sistema más equitativo debe contemplar que las clases medias paguen más y no menos. Sobre todo las clases medias porteñas.