viernes, 30 de septiembre de 2016

Recomendaciones mínimas para torcer el rumbo y encarar hacia el lado de la pobreza 0, porque estamos yendo para el otro.

La pobreza se mide por nivel de precios. Medís cuanto sale una canasta de productos que cubre todas las necesidades de un grupo familiar promedio, calculás cuántos ingresos tienen los hogares en promedio y de ahí sacás a cuántos les alcanza para comprar esa canasta básica (los no-pobres) y a cuántos no les alcanza (los pobres).

La inflación no mide nivel de precios, sino variación de precios (es decir, en qué porcentaje los precios se mueven mes a mes, año a año).

Es perfectamente posible, entonces, que haya alta variación de precios (o sea, alta inflación) y el nivel de precios sea bajo, porque los ingresos también suben, al mismo ritmo o mayor al del resto de los precios.

O por el contrario, que los precios estén fijos, quietos, que ni siquiera haya variación de precios (inflación 0), pero que el nivel de precios sea muy alto y haya muchos pobres (porque cuando hay inflación 0 los salarios tampoco aumentan, y si arrancan de un lugar bajo...).

O sea, bajar la inflación, incluso hacer desaparecer la inflación NO reduce la pobreza, señor presidente.

La pobreza se reduce mejorando los ingresos en relación a los precios de los alimentos.

Es decir, exactamente lo contrario a lo que hizo su gobierno hasta ahora.

jueves, 29 de septiembre de 2016

Corrección de precios relativos

Lo repetimos muchas veces, y vamos a seguir.

En la relación dinámica entre precios y salarios 
no es la inflación la que opera negativamente sobre la distribución de la riqueza. Porque la inflación es un fenómeno nominal. Cuando hay inflación, todos los precios de la economía aumentan más o menos parejos. Incluidos los salarios.

La inflación genera otros problemas: resiente la inversión, destruye el ahorro, dificulta el financiamiento de largo plazo...


Pero en cuanto a distribución de los ingresos, la regresión la provoca una corrección de precios relativos.

Este gobierno, en un escenario de inercia inflacionaria se dispuso a frenar la inflación corrigiendo precios relativos.


Y tomó medidas que aumentaron fuertemente los precios de los alimentos y los servicios públicos, y frenó los incrementos salariales y de las transferencias estatales (jubilaciones, pensiones, asignaciones, planes).


En ese nuevo equilibrio de precios relativos entre la canasta básica y el salario, en el cual con un salario se adquiere un 15% menos de canastas básicas, empieza a frenarse la inercia inflacionaria. Dejan de subir los precios (y dejan también de subir los salarios).


La conclusión es que los salarios estaban demasiado altos en términos relativos, las personas consumían demasiado, el contexto no beneficiaba la ampliación de la oferta por déficit de inversión y trabas a la importación y todo eso generaba inflación. Lo cual hacía perder ganancias a los sectores rentísticos.


Entonces, como ahora bajaron los salarios, la inflación empieza a ceder, y los sectores rentísticos empiezan a recomponer sus rentabilidades.
De este modo, en esa oposición que hay entre sectores rentísticos y sectores productivos, la base productiva se empieza a angostar más aún 
(paradójicamente, el problema de que hubiera encontrado un límite y no se ensanchara por falta de inversión era un puntal de la dinámica inflacionaria; cuando la inflación decrece, sin embargo, este problema se potencia). La industria produce menos, aumenta el desempleo.


Y como contrapartida, los bancos, los especuladores y los ahorristas ganan más.

Se produce la grieta: de un lado quedan los trabajadores de salarios medios y bajos, y los empresarios y comerciantes vinculados al mercado interno y la producción secundaria. Esos pierden.


Del otro lado quedan los trabajadores que conservan sus empleos con salarios de medios hacia arriba que recuperan renta para sus ahorros, y las empresas multinacionales que operan en los sectores productivos tradicionales y financieros (bancos, cerealeras, mineras, petroleras, privatizadas de servicios públicos). Esos ganan.


Nadie gobierna para todos.

Pobreza


Ayer el gobierno presentó una medición de pobreza por ingresos, con la cual demuestra la voluntad de medir con un grado de rigurosidad mucho mayor al que mostraba el gobierno anterior.

Como pasó con otros índices del INDEC, la nueva medición se pone en línea, metodológica y en cuanto a resultados, con las mediciones privadas, especialmente la de la UCA en el caso de la pobreza. 

Es muy lógico y entendible que muestren esta diferencia cualitativa para compararse con las anteriores autoridades, y que la comparación en este punto los beneficie. Incluso son lícitas las chicanas.

Miden la pobreza mejor que antes. Y eso es motivo de reconocimiento.


Pero lo que no debería haber hecho Macri es ocultar los efectos sobre los índices de pobreza que pudieron tener las decisiones que tomó. Y que no están del todo medidos porque el número mostrado ayer corresponde a junio.


La salida del cepo que derivó en devaluación, los aumentos de los servicios públicos, y la medida más difícil de explicar que es la eliminación de las retenciones, hacen que la canasta básica cueste un 50% más que lo que costaba el año anterior, mientras que todos los ingresos (salarios y transferencias estatales como asignaciones, pensiones, jubilaciones y planes) aumentaron un 30% promedio.
Esto no es inflación, sino corrección de precios relativos. Con lo cual, no se solucionará con la baja de la inflación, ni aún si ésta desapareciera.


Según la alabada medición de la UCA, hay casi un millón y medio de pobres más que el año pasado (o sea, un 3 o 4% más). Y es responsabilidad de la corrección de precios relativos, del "sinceramiento", del fin de la "ficción" según la cual teníamos "costumbres de país rico", de que muchos vivíamos "por encima de nuestras posibilidades".


Hay una diferencia sustancial en cuanto a cuál es el número inicial de la gestión. Porque dentro de 3 años van a medir la pobreza en 28% y van a decir que la bajaron, cuando en realidad no la habrán bajado nada.


Y al final, no vamos a poder librarnos de la disputa por el relato.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

La mano inevitable del Estado en materia tarifaria

http://abcenlinea.com.ar/la-mano-inevitable-del-estado-en-materia-tarifaria/

Una de las primeras tareas que encaró el nuevo gobierno fue la suba de precios de los servicios públicos domiciliarios: luz, agua y gas.

Los reflectores de la opinión pública apuntaron obviamente hacia el lugar que afecta la mayor sensibilidad en la mayoría de los ciudadanos. Así es que las boletas domiciliarias acapararon la atención y opacaron todas las demás aristas de un tema que es de una complejidad muy grande, y además, reviste una vitalidad esencial en todo lo que es el entramado productivo, económico y social: los precios de la energía.

Lógicamente, la actitud del gobierno se apoyó en un consenso muy amplio: la luz y el gas están demasiado baratos. Así opinábamos todos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Incluso nos creímos que la modificación de esta incongruencia (los bajos precios domiciliarios de estos servicios) iba a cumplir con un objetivo de “federalismo”. Vaya a saberse por qué superstición o fantasía, el “interior” (así llamamos los porteños a quienes viven en las demás provincias argentinas) se iba a ver beneficiado. ¿Tal vez por la “revancha histórica” de que los porteños sufrieran fuertes aumentos? Es muy difícil de saber realmente cómo pudo tanta gente creer que lo que venía iba a ser bueno, pero así fue.

Hasta que llegaron las primeras facturas nadie discutía demasiado esta cuestión. Fatalmente, la luz y el gas iban a aumentar. Después los hechos volvieron a demostrar que el presente tiene una fuerza de impacto que mientras es futuro aparece mitigada. Los usuarios domiciliarios de ningún lugar del país toleraron los nuevos valores. La seguidilla de conflictos inconclusa es de público dominio.
Pero por debajo de todo este embrollo es quizás pertinente encarar un análisis más profundo de todo lo que se pone en juego cuando se habla de gas y luz.

Las tarifas domiciliarias son apenas un eslabón menor en todo el encadenamiento de provisión energética que soporta un entramado productivo activo. Incluso, el proceso de formación de precios desde la obtención del producto primario, el transporte hacia los lugares en que se consume, y sus transformaciones y distribución para los distintos tipos de uso pone en juego demasiados ítems muy sensibles para una sociedad: perfil productivo, nivel de empleo, poder adquisitivo de los ingresos, amplitud comercial.

Cada eslabón tiene un proceso de formación de precios particular, y que es de afectación decisiva para el eslabón siguiente. De manera que permitir el libre funcionamiento de la competencia, por ejemplo, en el mercado de generación eléctrica tal vez es óptimo… para el funcionamiento del mercado de generación eléctrica, analizado fuera de su contexto. Pero cuando se pone ese eslabón en interrelación con el siguiente (el transporte), con los posteriores (la distribución), o incluso con el uso de energía eléctrica como insumo productivo en otras ramas de actividad, nos podemos encontrar que el resultado de la acción competitiva en el tramo de generación puede operar condiciones restrictivas o prohibitivas en otros eslabones.

Para ello, la aplicación de la facultad de intervención en la fijación de precios por parte del Estado, suele convertirse en una salida que evita el desequilibrio de perjuicios y beneficios que se concluye de la acción libre de fuerzas mercantiles, ya que incluso en algunos tramos la propia estructura del negocio no la admite.

Hay un caso de manual: la distribución domiciliaria. Sería realmente anti-económico, incluso desde el mismo sentido común, pensar en la posibilidad de que la distribución de servicios como la energía eléctrica o el gas de red se hiciera bajo las normas de la competencia perfecta. La inversión en crear la red de infraestructura es elevadísima, y no tiene ningún sentido multiplicarla (imaginar que a cada domicilio lleguen tres o cuatro caños de gas, cada uno de una prestadora distinta para que el usuario elija a cual contratar, nos exime de mayores explicaciones). Con una red (de cableado o de caños) alcanza, según el caso. Es así que la provisión de estos recursos, en el último tramo, se hace bajo la forma del “monopolio perfecto”. Un contexto de negocios muy particular, en el cual no funciona la interacción de oferta y demanda (cosa reconocida por los propios elaboradores de la teoría de la oferta y la demanda). Es así que, para regular márgenes de rentabilidad,  el Estado en este caso es quien pone el valor adecuado. Independientemente de las particularidades de cada situación, es aún así en la misma teoría.

Ya dijimos, unos párrafos antes, que la determinación de los precios en un tramo de la cadena influye decisivamente en lo que pase en el otro, y muchas veces estos acontecimientos no se compatibilizan de manera armónica, sino que pueden surgir desequilibrios insalvables o desequilibradamente perniciosos. Para evitarlo, o mejor dicho, para administrar pérdidas y usufructo de excedentes, la regulación en materia de precios es casi una obligación.

Si a esto se suma la relevancia absoluta que lo que ocurre en estas cadenas (las de la energía eléctrica y el gas) tiene sobre el resto de los desempeños económicos, las productividades de distintos sectores, la competitividad, y por ende el nivel de empleo, casi que no queda margen para alegar en contra de la intervención directa en todo el proceso formador de precios, o al menos que se reserve algunas palancas regulatorias para encauzar desequilibrios no queridos.

En Argentina, hoy por hoy, existe un marco regulatorio legal atento a estas características. Es lo que se conoce como Ley de Emergencia económica, la 25.561, a través de la cual el Estado se ve convidado a la renegociación de contratos (o sea, al establecimiento de precios) en función de: “1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución de los ingresos 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente, 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, 4) la seguridad de los sistemas comprendidos, 5) la rentabilidad de las empresas”.

La vigilancia en el cumplimiento de estas prerrogativas, hace un muy duro maridaje entre la regulación de precios en determinado tramo de la cadena y la absoluta libertad para la operación entre privados en otros tramos, aún cuando esto último pueda ser posible de todos modos.

Pero el tema es que, atento a todo esto dicho, la invitación al uso de instrumentos como los (tan vilipendiados últimamente) subsidios cruzados para equilibrar costos y usufructo de excedentes es casi obvia.

No hay una trama tan compleja de distribución de cargas y obtención de beneficios en la provisión de servicios básicos para el funcionamiento de todo un aparato productivo que pueda desligarse de la puesta en marcha de un esquema de distribución compleja de subsidios, al menos como recurso a emplear.

La renuncia absoluta al uso de esas herramientas, en términos teóricos, implicaría el dejar de velar por algunos de los objetivos propuestos en la legislación, principalmente los que atañen a la competitividad equilibrada entre sectores y a la distribución del ingreso.

Con esto queremos decir que el consenso respecto a que la inconsistencia de la estructura de precios de la luz o el gas en los distintos eslabones de la cadena de producción, transporte y distribución necesite algún nuevo acuerdo (un ajuste, un aumento de tarifas, digámoslo claramente) no tiene que derivar en una ridícula obstinación a rechazar los esquemas de subsidio.

Porque el Estado no puede declinar su obligación de regular precios en el tramo del monopolio perfecto. Si no contempla entonces compensaciones con subsidios para no trasladar subas abruptas de costos al consumidor final (no tanto el domiciliario, sino el que usa la energía como insumo productivo) difícilmente pueda complementar algunos de sus objetivos: la seguridad de los sistemas, la competitividad y la distribución del ingreso.

Los subsidios no son obligatorios, pero tampoco deben estar prohibidos. Son una herramienta que puede usarse, por ejemplo, para que la salvaguarda de la rentabilidad de las empresas del sector energético no deje sin empleo a los trabajadores metalúrgicos de pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar las facturas de luz. Esos desequilibrios, que tienen base en los diferenciales de competitividad de distintas actividades, son insalvables sin subsidios.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

La Curva de Phillips y la profundización macrista

http://abcenlinea.com.ar/la-curva-de-phillips-y-la-profundizacion-macrista/

Se le llama Curva de Phillips a la expresión gráfica de un postulado teórico que vincula matemáticamente a la inflación con el desempleo. Tiene, casi obligatoriamente, un capítulo en cualquier manual básico de economía.
En un eje de coordenadas en que se vinculan los valores de ‘x’ con los valores de ‘y’ –que para el caso son la tasa de inflación y la de desempleo–, se obtiene una curva con pendiente negativa, lo cual significaría que el aumento de una se da en conjunto con la disminución de la otra, y viceversa. El desempleo y la inflación son, según este modelo, inversamente proporcionales.

Lógicamente, este esquema se aplica a situaciones específicas en que las variables muestren valores más o menos habituales, y no exageradas. La idea fundamental del diseño es que para combatir situaciones de desempleo relativamente elevado se toman decisiones que promueven presiones inflacionarias.
Para el caso de una inflación que ronda el 25% o 30% anual y una tasa de ocupación cercana al pleno empleo, la Curva de Phillips es aplicable, pero en sentido inverso: básicamente, puede utilizarse para sugerir que la aplicación de políticas contractivas para hacer disminuir el alza de precios podrá derivar en un aumento del desempleo.

Mientras tanto, en el mundo real, con altibajos, con problemas, a los tropiezos, el plan económico del gobierno nacional avanza.
La primera etapa consistió en la estabilización del mercado cambiario. Se eliminaron los elementos de control del mal denominado cepo y, por ende, se unificaron los diversos tipos de cambio existentes hasta entonces. La idea de mantener valores diferenciales del dólar en función de las necesidades dispares que tienen las distintas actividades productivas fue abandonada, y se la reemplazó por otra consistente en poner como objetivo el establecimiento de un tipo de cambio financiero atractivo, al cual las actividades productivas y comerciales naturalmente competitivas puedan adaptarse fácilmente, mientras que aquellas que no lo sean perderán cualquier forma de protección de ese tipo, que en los manuales ortodoxos es considerada como espuria.
Para ello, además del levantamiento de las restricciones a la compra minorista de divisas y del bloqueo a la remisión de utilidades por parte de empresas, hubo que barrer otros elementos: el fundamental, las retenciones, que establecían un tipo de cambio diferencial y más bajo para la exportación (y por ende, para la fijación del precio interno) de las principales materias primas alimenticias. Luego de ello, la producción de maíz y la producción de tornillos operan en el mismo marco cambiario, y por consiguiente cuentan con la misma protección para-arancelaria: ninguna. Una no lo necesita por ser ultra-competitiva en términos internacionales.
Pero con la otra no ocurre lo mismo. Su declinación está asegurada. Y es, además, algo buscado en el marco conceptual en que se maneja el gobierno: eliminar las actividades no competitivas (pesada herencia del populismo) como paso previo a la generación de “empleo de calidad”. 

Así fue que el tipo de cambio se estabilizó en el orden provisto por una mecánica financiera. Los ingresos y egresos de divisas al país determinan la robustez de la oferta de dólares en relación a la demanda, y en su interacción definen (la intervención del BCRA es limitada, tendiente a desaparecer) el valor “adecuado” del dólar (leyendo la totalidad del texto tal vez podamos descubrir adecuado para qué. O para quiénes).
Para ello el Banco Central, si bien intenta no operar mucho en la plaza cambiaria en sí, tiene una participación decisiva en la fijación de las tasas de interés. Las elevadas tasas en pesos, aparte de ser un obstáculo insalvable para la actividad interna, son un polo de atracción para la administración financiera especulativa y el arbitrio con dólares y pesos. Además de darles ganancias estrafalarias a los bancos, puede que invoquen el ingreso de capitales especulativos que en el interín hacen su aporte a la estabilización del mercado cambiario.

Otro elemento que opera en este objetivo de cubrir el déficit de balanza comercial es el endeudamiento. El público, de los distintos sectores (financiero, no-financiero, nacional o provinciales), y el privado. Esta vía ha hecho ya el “patriótico” aporte de alrededor de 50 mil millones de dólares en lo que va del año. La fuga de divisas empresarial ya quedó cubierta gracias a este monto. Es decir, la dolarización de las ganancias empresariales se financia con deuda que en buena parte tomamos (y pagaremos) entre todos.

Para lograr todo esto, la primera etapa se basó en lo que fue una mega-devaluación. Y no lo decimos nada más que por el comportamiento del valor oficial del dólar, sino por el tránsito que esta variación tuvo a la economía real. Los precios de los bienes transables se dispararon fuertemente, en relación directa con el aumento en el valor del dólar, sumado a otros condimentos como la inercia inflacionaria que ya se venía viviendo. Los no transables, en cambio, se retrasaron un poco más.
Es necesario aclararlo: el trabajo es un bien no transable. Por ende, su precio, el salario, avanzó notablemente menos que el de los transables, como (pongámosle) el pan, la leche o la carne.
Este hecho, el de los aumentos derivados de la mega-devaluación, nos abre la puerta para hablar de la segunda etapa del plan económico: la modificación de los precios relativos de la economía.
Toda esta dinámica dio por resultado un esquema según el cual el crecimiento de los precios de algunos bienes superó ampliamente al de otros. Para establecer una nueva relación entre los mismos. Así, un salario mínimo equivale hoy a menos canastas básicas que hace nueve meses.
Los aumentos en los precios de los servicios públicos son un pendiente que queda de esta etapa, aunque hubo cambios que ya no se vuelven para atrás. Resta ahora que el Gobierno encuentre la forma de conformar a las empresas con aumentos a un ritmo menor al que prometieron en principio para la tarifa domiciliaria del gas (y tal vez también de la luz). Los años sucesivos veremos que las tarifas se comportarán en forma contracíclica, aumentando por encima del promedio de la inflación.
Pero esto solamente en el tramo de consumo de la luz y el gas como bienes finales. En el tramo en que se utilizan como insumo, los valores ya quedaron oficializados más altos. Lo cual no quiere decir que no sufran nuevos aumentos en el futuro (sí lo harán). Pero el impacto fuerte sobre la competitividad industrial ya lo llevaron a cabo, con malas noticias para nuestras Pymes.
Lo que marca que el objetivo de esta etapa está cumplido es que el aumento del costo de vida, tal la expectativa del gobierno nacional, se va moderando. Sin embargo, obviamente, la idea oficial es bajarlo más todavía. Y para ello insistirán con las políticas monetarias y cambiarias de estos últimos meses (tasas espectacularmente altas, bajando a un ritmo muy lento, y dólar ahora sí estable y por lo tanto abaratándose). Intentarán sumar lo que hasta ahora fue un fracaso: la reducción del gasto público. Eliminación de subsidios, más reducciones de programas y exoneración de empleados, y tal vez alguna que otra privatización se contarán entre los medios explorados para alcanzar tal fin.
De todos modos, los efectos anti-inflacionarios de la política fiscal no son fácilmente identificables: lo que ocurrió hasta ahora es que hubo reducción real módica del gasto, pero fue mayor la reducción de los ingresos fiscales, de manera tal que el déficit creció, aunque fue cubierto con endeudamiento con el sector privado en una buena proporción, lo que libró al Banco Central de tener que transferir más plata al fisco. En este intrincado panorama, es esperable que el Gobierno intente mayores reducciones, al tiempo que opere modificaciones en la matriz impositiva de corte seguramente regresivas como las que hasta aquí operó. Para cuando, con todo esto, la inflación (ese aumento nominal y parejo de todos los precios de la economía) vaya declinando (es decir, aumentando menos) empezaremos a ver ya un plan económico en funciones plenas: con dólar estable, valorización financiera, auge de la importación, tasa de retorno garantizada para las inversiones en sectores tradicionales o elegidos por el Gobierno, estabilización de precios, pérdida de empleo, deterioro del aparato productivo no tradicional y solvencia del déficit comercial y de la fuga de divisas con ingreso de capitales especulativos y endeudamiento externo.
Para la etapa de consolidación del esquema, podemos esperar entonces un ascenso importante del desempleo como tema central. En línea con este viraje del centro de gravitación de nuestra economía: desde sectores productivos (no altamente competitivos) hacia otros rentísticos.
Al menos, es lo que nos sugiere a todos, incluido Alfonso Prat-Gay, la famosa Curva de Phillips.

A juntar tapitas (sobre el fin de Fútbol Para Todos)

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Todo parece indicar que termina Fútbol Para Todos. En medio del entusiasmo melodramático de quienes se inventan una ficción en la que se mandará al fútbol a juntar tapitas para darle mayor presupuesto al Garrahan. Cada quien tiene derecho a elegir la mentira que lo haga más feliz.
En rigor de verdad, el fútbol no juntará tapitas. Será lo que era antes de FPT: un negocio multimillonario, vinculado, legítimamente –según el imaginario social–, a la esfera de lo privado. Empresarios coimeros, intermediarios tránsfugas y matones escapados de películas de gánsteres manejarán dinero en la oscuridad y dispondrán del mismo como les plazca. Sin los incordios que les genera esta idea tan difundida de que se trata de plata de todos.

Los derechos de televisación dejarán de ser adquiridos por el Estado y el producto fútbol será televisado en otras condiciones: tal vez ya no más por TV abierta, sino con la vuelta de productos codificados.
Hasta hoy, los funcionarios mencionan continuamente el “compromiso de garantizar la gratuidad”. Y se enfrentan siempre a algún opinador televisivo que, con el asombro adolescente de haber descubierto recién lo que cree una verdad revelada, les dice que no es gratis porque “lo pagamos entre todos”.
En ese marco conceptual, nada es gratis nunca. Las veredas, las plazas, la TV Pública, la embajada en Panamá, el mismo Garrahan; cosas, todas ésas, que también “pagamos entre todos”. Pero como bien comprendieron los supermercadistas chinos, por ejemplo, no es lo mismo “pagarlo entre todos” que facturárselo a cada quien por separado. 

Entonces, cuando los funcionarios hablan de garantizar la gratuidad, seguramente se están refiriendo a este concepto aparentemente tan complejo de lo público. 
Ahora bien, la verdad es que tampoco se les puede creer demasiado. Fernando Marín, director de FPT, tiene datos muy precisos sobre el interés de varias empresas por reemplazar al Estado en el rol de adquirente. Lo expresa él mediáticamente cada vez que lo consultan. Demasiada información como para suponer que hicieron sondeos previos ellos mismos.
La intervención de grupos empresarios como los mencionados implicará seguramente la revisión de muchos de los parámetros con los que se rige la transmisión televisiva del futbol hoy. El principal: la tasa de retorno de la inversión. Y para ello, el producto televisivo no puede ser público.
Dicen los que evalúan esta cuestión que la gran mayoría, alrededor de un 90% de los que hoy ven fútbol, ya lo están haciendo a través del cable. Desestiman, sin embargo, en sus cálculos a futuro, que el valor del cable será sustancialmente más alto si tiene que pagarle regalías a una señal, o a varias, por la exclusividad de los partidos de fútbol. El cable barato es otro lujo de país rico.
Para ir a lo concreto: los únicos que van a terminar juntando tapitas van a ser los "empleados medios" que no se resignen al fin de la ficción y pretendan seguir disfrutando ese lujo de país rico que es ver el superclásico por televisión.
Los dirigentes del futbol argentino, por su lado, son activos rosqueros en este favor que para Mauricio Macri es la finalización sin conflicto del contrato de FPT. De hecho, el motivo que los inspira es que habría compañías privadas ofreciendo más dinero que el gobierno nacional (cosa extraña, ya que justamente el motivo del inicio de FPT es que pagaba por los derechos una cifra que para las empresas privadas hacía inviable el negocio; habría que ver cómo van a hacer esta vez,  pagando más incluso que el estado, para que el negocio sea viable). A pesar de que trascendió que en las mesas de negociaciones se estaría barajando una cifra elevada: 2500 millones de pesos. Casi el doble de la última cifra que pagara la administración anterior.
Es muy probable que se haya tratado (esa ronda de negociaciones) de una puesta en escena: la inflación de números, la discusión encarnizada y hasta los aprietes judiciales. No habría que perder de vista un dato: que los fondos provengan del Estado es el único lazo que mantiene con carácter judicializable y exposición mediática todos los avatares de transferencias de cheques, etc. Los dirigentes, entonces, podrían comprar invisibilización si rompen con FPT. La corrupción no le interesa a nadie de los que se mueven en este terreno. Se sabe a simple revisión de antecedentes de los miembros de la “comisión normalizadora”. Los mismos dirigentes y empresarios “corruptos” son bendecidos por el Gobierno para reestructurar el fútbol: restaurando el negocio de la televisación privada.
El error de apreciación más difundido es el de evaluar a FPT como un subsidio al fútbol. Si bien su nacimiento estuvo ligado al descontento de los dirigentes con el monto que pagaba la empresa privada por los derechos televisivos (debido a lo cual el Estado hizo una oferta superadora que derivó en el nacimiento del programa), no se trata estrictamente de un subsidio sino de la contratación de un producto. El Estado no “le da plata al fútbol” para mantenerlo sino que le compra los derechos de televisación para ofrecer la transmisión de los partidos públicamente. Y lo hizo, desde un inicio, con fondos originalmente destinados a la compra de espacios publicitarios en canales de aire. Entonces, se dejó de emitir publicidad oficial en los canales 13, 11, 9 y 2, y se la canalizó a través de FPT.
El fin del programa, entonces, está enlazado al restablecimiento de la “normalidad” en materia publicitaria. Así que los canales 13, 11, 9 y 2 volverán a disfrutar de ese verdadero subsidio a la libertad de prensa y empresa (dicho en sus términos) que es la pauta oficial. De hecho, ya lo están haciendo.
De ese modo, el Garrahan seguirá juntando tapitas.
Que sea correcto o no que se le otorgue carácter público al producto televisivo fútbol ya es un tema más complejo, que cruza decisiones políticas, establecimiento de prioridades, etc. Están los que dicen que las prioridades son la salud y la educación y se quejan del dispendio de fondos públicos en fútbol. Sin embargo, son selectivos. No replican esas quejas respecto del pago a fondos buitre o de la cuota del Fondo Monetario Internacional. Conceptos, todos esos, más onerosos que FPT.
Hay, además, un trasfondo ideológico. Por cuestiones vinculadas a cierto aprendizaje histórico, la expectación de fútbol como disciplina recreativa tiene una valoración menor en relación a otras disciplinas. Nadie discute la necesidad de que el Estado ponga a disposición pública espectáculos de expresiones culturales distintas como el ballet, las artes culinarias, la música o el teatro. Si bien podrá decirse que los montos empleados en el caso del Fútbol Para Todos son mayores, también es varias veces mayor la proporción de ciudadanos que disfruta del mismo en comparación con los espectáculos antes mencionados. Como sea, el bien cultural fútbol tiene una valoración menor, casi como resultado de concepciones pseudo-clasistas. Gastar millones de nuestra plata en el Teatro Colón siempre será mejor visto que hacerlo en partidos de futbol por TV.
A lo mejor, con el tiempo, esa concepción va cambiando. En la imitada Europa, alguna vez se pretendió combatir la violencia en el fútbol excluyendo a las clases populares de los estadios. Entradas caras, localidades numeradas, instalaciones pensadas para sofisticar los ingresos. En la Argentina de hoy, el eje es la corrupción: de la dirigencia, en general; y del futbol, en particular. Y el antídoto, limitar el acceso de las clases populares a la televisación del fútbol.
Quizás, si todo les sale bien, en algún porvenir venturoso el futbol televisivo se convierta en una distracción de gente sofisticada, y así deje de ser un producto cultural menor.

martes, 20 de septiembre de 2016

Sinceramientos y precios justos: el drama de las tarifas de los servicios públicos

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Las facturas de servicios públicos siguen siendo uno de los puntos álgidos de la discusión política. Único ítem ineludible para la prensa complaciente con el actual gobierno (o sea, casi toda).
Llegan, algunas de esas boletas, con aumentos siderales. Burlándose de los confusos topes. Actuando en sinergia con el clima. Ése que no hay derecho a combatir con calefacción. Al menos sin dedicar una buena porción de los ingresos a su pago. El frío, ese verdugo de los pobres, se la agarra con la clase media. La pauperiza. Le reformula las estructuras de pensamiento forjadas en años de creer que los subsidiados eran “los vagos”, “los negros” o los pobres. O todos ellos. Con sus impuestos. La coloca ante la certeza inconfesable de que les “sacaron el plan”.
Por otro lado, algunos cronistas que se pasaron varios años diciendo que los subsidios beneficiaban a las clases altas y medias altas porteñas, que mantenían sus piletas climatizadas con gas pagado a precio irrisorio, hoy no saben qué decirle a vecinos del interior del país a los que les llegan facturas astronómicas, o a los consumidores de garrafas del conurbano bonaerense.
La promesa de que la adecuación de los cuadros tarifarios iba a servir para equilibrar los valores diferenciados entre las distintas regiones del país fomentó la ilusión del aumento focalizado. Que, sin embargo, se plasmó sin discriminar adecuadamente según criterio geográfico. Los caminos del infierno centralista están empedrados con federalismo berreta.
En el Gobierno se conducen, ante el impacto negativo creciente del asunto, en dos vertientes. Ambas esperan que el tiempo ayude a los argentinos a digerir los nuevos precios. Mientras algunos intentan, tímidamente (porque el jefe no los convalida), culpar al ministro del área, Juan José Aranguren, y a su sanguinario Excel; otros, la mayoría amplísima, fatigan la paciencia ajena con la fantasía naturalizada del “sinceramiento”. Parece ser, según esta leyenda con pretensiones científicas inconmovibles, que las cosas que se consumen, vitales para la subsistencia, necesarias para mejorar la calidad de vida, aquellos bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado para su consumo, tienen un precio justo, que coincide con su valor abstracto. Una especie de ideal platónico de precio que fue desnaturalizado durante años a fuerza de subsidios, creando la ilusión de que se podía consumir estos bienes sin pagar lo que “realmente” valen.
El adverbio “realmente” tiende a cerrar la discusión. Está puesto allí con esa misión clausuratoria expresa. Naturalizar lo convencional. El gobierno actual, entonces, estaría reencauzando ciertos precios hacia la “naturalidad” de la ganancia empresaria. Ésa que fue sustraída durante años de populismo. Que provocaron la fantasía de que las mayorías era posible apropiarse de una parte pequeña de la mensualidad del gato de un CEO o del tuneo del Audi de alguno de sus hijos para comprar jamón cocido natural en vez de paleta. Crimen de lesa inversión extranjera.
Pero el tema es que el valor “real” de un bien o de un servicio es apenas una construcción humana. Basada en convenciones. El proceso de formación de precios, la institución misma del mercado, los contratos que ofician de marco jurídico del mismo, no son orgánicos entes naturales sino artificiales construcciones históricas. Que evolucionan, se modifican. Dentro de las convenciones imperantes, emergentes de procesos históricos complejos y no exentos de acontecimientos sangrientos, los precios de los bienes y servicios se forman en base al cálculo de costos de materias primas, insumos, fuerza de trabajo empleada, amortización de bienes de capital, renta de la tierra, logística de transporte y distribución, etc.
Y un elemento central, siempre evadido: el margen de rentabilidad empresaria, que se manifiesta en distintos eslabones de la cadena de división del trabajo.
Las modificaciones de los cuadros tarifarios de los servicios públicos respondieron en gran medida a este factor. A la recomposición de los márgenes de rentabilidad empresaria que, en el caso del gas, según el Estudio Bein, le reportarán a los distintos eslabones de la cadena de producción, transporte y distribución un embolso de 2000 millones de pesos adicionales. El doble de los 1000 millones de pesos que se ahorrará el Estado con la quita de los subsidios.
De cumplirse la previsión, los usuarios de gas en todo el país, pagarán unos 3000 millones de pesos extra a lo largo del año para recomponer la “naturalidad” perdida en este mercado.
De manera tal que los excedentes que los usuarios usufructuaban, dedicándolos a la compra de celulares o al disfrute de vacaciones o el atesoramiento de dólares, serán redirigidos, por decisión política del actual gobierno, hacia la conformación de una robusta renta empresaria en el sector de los servicios públicos. Que serían garantía de retorno de las futuras e hipotéticas inversiones, pero que, en realidad, seguramente serán remitidos en forma de utilidades a las cuentas de los distintos accionistas (fondos de inversión foráneos, sociedades off shore o las mismas casas matrices), antes que ser reinvertidos, librados ya de la exigencia del aumento del consumo que propiciaban las señales de precios beneficiosas para los usuarios a la par de una economía que crecía.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo al reasumir en 2011 que ella no estaba en Casa Rosada para ser gendarme de la rentabilidad empresaria. A ese rol reduce el actual gobierno su gestión: garantizar que los empresarios dedicados a actividades “naturalmente” competitivas puedan formar precios al nivel que consideran justo, de acuerdo a las convenciones de manual, como promesa de retorno de la inversión a realizar. La tasa de ganancia empresaria, mucha de la cual se conforma en relación al circuito de circulación financiera, será el gran articulador de la organización social en la Argentina en los próximos años.
Es una concepción filosófica forjada a lo largo de años que, más allá de la suerte de los gobiernos, muchos intelectuales, dirigentes y conspiradores no están dispuestos a reformular ni ceder.