viernes, 30 de diciembre de 2016

Del dólar futuro al futuro del dólar


Hoy, el banco central enfrenta un dilema inverso al que enfrentaba el año pasado.

La preocupación no pasa más por evitar que el tipo de cambio suba, sino justamente por mantenerlo lo más alto posible para las actuales condiciones de mercado (generadas por las políticas de Cambiemos).

En estos momentos hay una oferta de dólares de corto plazo que pueden desatar un “over-shooting” al revés.

Nos explicamos: cuando las autoridades económicas recientemente expulsadas del ministerio decidieron liberar el mercado cambiario casi totalmente de un momento al otro y sin gradualismo, el temor se direccionaba en lo que teóricamente se conoce como “over-shooting”.

Podía presentarse un exceso de demanda de dólares concentrado en un plazo breve, producto de la liberación abrupta de fuerzas “reprimidas” por los controles que existían antes. Léase: compra por parte de empresas para remitir al exterior utilidades acumuladas, dolarización de cartera por parte de bancos, y compras minoristas de ahorristas, además de operaciones comerciales desde cancelación de deudas por importaciones hasta transacciones inmobiliarias. Esto llevaría a un aumento “artificial” en la cotización del dólar, que una vez superada la etapa excepcional de sobredimensionamiento de la demanda se equilibraría a un nivel más bajo. 
Obviamente, la corrida dejaría un tendal. Ese “over-shooting” era necesario evitarlo, porque uno de los efectos más nocivos que tiene, por ejemplo, es la sobreinflación de los precios de los transables, básicamente alimentos.
De hecho, para evitar el agravamiento del “over-shooting” el gobierno decidió tomar deuda para abastecer de divisas al banco central. Así, aprovechando la emisión para pagarles a los fondos buitre, se tomó un caudal de deuda adicional. “Pero sólo para obras de infraestructura eh” (risas en el fondo).

En aquel momento (recuerdo) sugerimos que los controles cambiarios se retiraran más lentamente, especulando con la posibilidad de desplegar vías de ingreso de divisas (como la toma de deuda por ejemplo, decisión que ya tenían tomada) para que la devaluación no fuese tan abrupta. Decíamos: “si tienen la certeza de que van a llover dólares, que esperen los primeros chubascos para liberar el tipo de cambio así no nos someten a una devaluación nominal tan shockeante).

Bueno, hoy, con el ingreso excepcional de dólares que generó el blanqueo, la tendencia de mediano plazo del tipo de cambio es inversa, es decir, a la baja. Lo cual agrava severamente las condiciones de competitividad de muchos sectores de la economía que son generadores de empleo.

Sería necesario evitar, entonces, ese “over-shooting” al revés. Es decir, contener la baja del tipo de cambio de corto plazo, excepcional, para no provocar un efecto nocivo que derive en futuras alzas abruptas del dólar que vuelvan a subir drásticamente los precios de los transables, etc. Hay que prestar atención a un dato concreto: se amplió (no gravemente, es cierto) la brecha entre el dólar oficial y el ilegal, que hasta hace muy poco se encontraba virtualmente cerrada. Esto puede significar que hay una baja artificial del dólar que puede rebotar en el futuro.

El banco central entonces, se enfrenta con un desafío que la realidad le pone a su ortodoxia teórica.

Para eso están implementando medidas que, por un lado, contengan oferta de dólares (por ejemplo, los exportadores de servicios no tendrán obligación de liquidar sus dólares) y, por otro lado, incentiven demanda (aumento del tope para la compra de dólares en efectivo, más permisos para la dolarización de carteras por parte de los bancos).

El problema es que se desentendieron del vínculo que las finanzas tienen con la economía real.

Probablemente, si hubiesen explorado el gradualismo en cuanto a la liberación del tipo de cambio para hacer converger gradualmente al oficial con el “blue”, no hubiésemos sufrido el shock en los precios que sufrimos en el primer semestre de 2016. Y tal vez, en sentido inverso, el blanqueo no hubiese sido tan “exitoso”, y no nos enfrentaríamos con una sobreoferta de divisas que amenaza con provocar desempleo.

En ese contexto, los bancos, los productores de materias primas agrícolas y los blanqueadores no estarían tan de parabienes. Y los asalariados, los pequeños comerciantes y la industria sustitutiva de importaciones enfrentarían una carestía menor.

Pero claro, todo depende siempre de cuáles son los objetivos y las prioridades. En definitiva, todo depende de para beneplácito de quiénes se pretende gobernar.



martes, 20 de diciembre de 2016

Primer balance parcial: donde se prefigura el rumbo sugerido


Por estos días, se cumple un año de puesta en funcionamiento del plan económico más previsiblemente recesivo de la historia.

Un año en el que, a pesar de haber seguido lineamientos muy bien fundamentados desde lo teórico, la realidad se presentó esquiva, incluso para alcanzar los objetivos más básicos, independientemente de la valoración de los mismos que hagamos.

La primera decisión importante fue la (“exitosa”) salida del cepo cambiario. Es decir, la eliminación más o menos brusca de los instrumentos de control de cambios, para unificar el valor del dólar. Esto incluyó, no solamente el permiso amplio para la adquisición minorista de divisas, sino la liberación para las remesas al exterior por parte de empresas, la eliminación de retenciones (que operaban como instrumento para la generación de un tipo de cambio diferencial para distintos sectores productivos) y, subsidiariamente, la agilización de los trámites de importación.

Las consecuencias del “éxito” fueron varias:

-la primera en orden de importancia es la tremenda corrección de precios internos. No se cumplió en absoluto el pronóstico de que no iba a haber grandes cambios en los precios de los transables debido a que los mismos ya se habían acomodado al valor del dólar blue. Algunos alimentos pegaron saltos del 80% en sus precios, e incluso del 100% (el pan), gracias a la confluencia de la devaluación del tipo de cambio oficial (que es el que rige las operaciones de mercado externo) más la eliminación de retenciones (que ofrece un mecanismo de control adicional sobre esos mismos precios).

-la cotización del dólar oficial, decíamos, confluyó a los valores que ya mostraba alguna de las cotizaciones financieras alternativas durante la etapa de control cambiario. El dólar “libre”, entonces, pasó a cotizar al valor que el mercado había establecido para la fuga financiera de divisas, que es el del “contado con liquidación”.

-el hecho anterior fue apuntalado por la decisión del Banco central de establecer “metas de inflación” a partir del manejo de los agregados monetarios mediante el uso de las tasas de interés. Las mismas iniciaron el período en un exorbitante 38% (tasas que, a priori, eran consideradas positivas, o sea que iban a superar largamente la inflación anual prevista por el gobierno en 25%).

-en ese contexto, el gobierno decidió (tal vez cansado de esperar la llegada de inversión externa genuina) utilizar un margen extraordinario que le había dejado la administración anterior como parte de la “pesada herencia”. El nivel de endeudamiento externo era bajísimo, por lo cual se procedió a aumentarlo raudamente para que el Central contara con el stock de divisas necesario para mantener fijo el valor del dólar, post-devaluación. El puntapié inicial de esta política de endeudamiento externo feroz fue el acuerdo con los hold-outs en el juzgado de Griesa. Pago completo cash. Señal inconfundible de cesión absoluta. Pasamos a ser mendigos de dólares financieros internacionales.

-Este esquema, además, con la combinación de tipo de cambio fijo y altas tasas de interés, es ideal para la especulación financiera. Un extranjero trae dólares, los cambia por pesos, los pone a plazo fijo a tres meses, cuando vence el plazo fijo los vuelve a cambiar por dólares y se los lleva. Ganancia neta: casi 10% en dólares en 3 meses. Un motivo más para la aceleración de la fuga de divisas a posteriori.

Primer corolario de los cambios operados: valorización financiera. Cuya contracara es: desvalorización productiva, debido a las altísimas tasas de interés.

El sector productivo sufrió golpes adicionales importantes (eso no iba a ser todo): el primero, la competencia externa que, a medida que se liberan las importaciones y suben los precios internos, se hace más amenazante.

Pero el ajuste más importante se dio por la suba de costos de la energía (400% promedio) y la caída estrepitosa del consumo debida a una actualización mediocre de los salarios y transferencias (31%) en relación a una movilidad de precios que no baja del 44% interanual (la previsión de 25% resultó ser… falsa, lo cual contrasta fuertemente con el discurso del gobierno, que se ufana de decir “la verdad”) y que en el caso de algunos alimentos, como ya dijimos, llega hasta el 100%.

La tenaza múltiple sobre el sector productivo fue implacable: por un lado, la corrección de precios relativos (entre ellos el del dólar) al nivel de competitividad conveniente para actividades tradicionales y financieras; además, la caída calamitosa del mercado interno por desplome de la capacidad de consumo del 80% de la población; el fortalecimiento de la competencia extranjera por relajamiento de los controles y costos internos más altos (salvo el salario, que les significó a los empleadores la vía de recomposición de sus márgenes de utilidad, aunque se les vino como un bumerang cuando se verificó la ya mencionada caída del consumo); y por último, la caída en la demanda internacional, que no se recupera.

Resultado: menos consumo, menos producción, menos empleo. El círculo vicioso recesivo.

Contrariamente a lo que se dice, hay motivos para pensar que esta recesión fue buscada: porque el objetivo era frenar la inflación, mientras se recomponían los márgenes de retorno de la inversión.
A propósito, el retorno de la inversión fue puesto como el elemento ordenador central de toda la vida socio-económica argentina. Todo lo demás (empleo, consumo, salario, etc.) quedaba supeditado a que el retorno de la inversión en niveles suculentos se viera garantizado. Inversión que, además, como ya vimos, priorizaba beneficios en su versión financiera.

Valorización financiera y tasa de retorno de la inversión garantizada como paliativos de la inflación (que lejos de ser combatida como el “monstruo que crea pobres”, es combatida justamente por la imprevisibilidad que brinda al contexto, lo cual contraería la capacidad inversora, justamente porque un esquema inflacionario incentiva a la necesidad de recomponer salarios progresivamente, avanzando contra los márgenes de rentabilidad, en series de flujos y reflujos, que son llamadas a veces “puja distributiva”).

El problema no es sólo que el esquema mismo (como cualquier otro) provoca pérdidas y ganancias a distintas facciones del capital, así como a distintas franjas de las clases subalternas. Sino que, además, no funcionó.

Nos comimos una recesión profunda, que, prolongada, no le sirve de mucho a nadie, para finalmente encontrarnos, un año después, con una inflación de lo más lozana. El doble que el (inflacionario) año pasado. Con un índice de precios que desde el 2002 no cerraba a un valor anual tan alto. Obviamente, las previsiones se enfocan en que el índice de inflación irá disminuyendo. Pero el ritmo de desaceleración es muchísimo más lento que el esperado.

Muchas veces escuchamos, mientras gobernaban otros, a actuales funcionarios decir que una (hipotética, a futuro) estanflación, o sea, inflación con recesión, era el peor de los escenarios posibles. Bueno, ya en el gobierno, es el fruto que primero cosecharon. O mejor dicho, que nos hicieron cosechar a los demás. Porque los patrones no trabajan.

Una situación demasiado compleja y con consecuencias devastadoras para mucha gente, que no permitiría, si no fuera a base de cinismo, sostener como mérito de gobierno “haber evitado una crisis”. Porque, de hecho, no la evitaron. Se metieron en el medio.

A la vista de los resultados, y más por pronósticos electorales que por sensibilidad social o por convicción ideológica, el gobierno se apresta ahora a desandar levemente ese camino.

La disciplina fiscal que en algún momento se pregonó, terminó siendo abandonada. Un poco a la fuerza, porque la obvia caída de la actividad invariablemente iba a reducir (como fue anticipado) los ingresos fiscales, de manera que la reducción del déficit iba a requerir recortes inviables que, si de todas formas se hacían, terminarían provocando más caída en la actividad y por ende menos recaudación. Al menos ese círculo vicioso se evitó. E incluso se lo corrigió, prometiendo fortalecer, para las fiestas de fin de año algunas políticas (heredadas) de asistencia a las economías populares y de transferencias a los sectores más bajos de la población, en una de las pocas medidas virtuosas que se podrían destacar de la actual administración.

Pero, obviamente, la excusa del déficit fiscal como motivo para necesitar tomar deuda externa, cuando en realidad se hace (tomar deuda) para financiar la rentabilidad de la inversión financiera, trajo otro dilema. El de la sobreapreciación cambiaria de corto plazo por el ingreso de los dólares tomados prestados, y el del colapso de largo plazo por una previsible crisis de deuda cuando hubiese que devolver lo comprometido.

Así fue como le hicieron entender al Banco Central que la política de tipo de cambio fijo y altas tasas de interés se volvía demasiado peligrosa en este contexto, además de que no permitiría salir del estancamiento de la actividad económica.

Entonces, el Banco Central se alineó y comenzó a bajar las tasas de interés, perforando el piso del 25%. ¿Y por qué es importante ese número? 25% es el número estimado que secretamente manejan los bancos para la inflación de 2017. Que la tasa ofrecida por el Central sea menor, incentiva a los tenedores de pesos a buscar alternativas al plazo fijo. Y a falta de niveles robustos de actividad puede pensarse que el dólar es una buena variante, sobre todo por la apreciación cambiaria a la que ya nos sometimos y por la promesa de abandono por parte de la autoridad monetaria de sus políticas “responsables”.

Pero, a pesar de que dan muestras de que van a emitir para financiar al fisco, van a permitir el deslizamiento del tipo de cambio al alza, y probablemente convaliden una inflación mayor a la proyectada, por otro lado ofrecen señales contradictorias.

Por un lado, continúan los despidos en el estado de acuerdo al programa trazado por el Ministerio de Modernización; por otro,  a través de María Eugenia Vidal y algunos gremios estatales lubricaron el primer acuerdo en paritarias para 2017 con la intención de disciplinar al resto en torno al 18% anual (un número bajísimo y que, de generalizarse, tendrá efectos recesivos). Mientras tanto, se vuelven a mostrar demasiado prudentes con la obra pública, debido a las restricciones presupuestarias, y en algunos casos la paralizan (en generación energética este hecho es notable).

Lo mejor que podría pasar es que no haya un traslado a precios brusco de la devaluación, que pisen nuevamente algunos precios con controles (energía, naftas, alimentos, aunque la opción de volver a instalar un esquema de retenciones no figura en el menú) para que la actividad se recupere, y que permitan acuerdos en paritarias con ajustes salariales del 35% como piso, para que así volvamos a la situación de diciembre de 2015. O sea, empecemos de nuevo después de las elecciones.

La desorientación del gobierno en estos asuntos, sin embargo, los está colocando en situación de aplicar un plan económico híbrido, con atisbos de incoherencia.


Deberían, en síntesis, hacer un poco de kirchnerismo, tarea para la cual (también es cierto) Kicillof sería más eficiente que Prat-Gay.

viernes, 30 de septiembre de 2016

Recomendaciones mínimas para torcer el rumbo y encarar hacia el lado de la pobreza 0, porque estamos yendo para el otro.

La pobreza se mide por nivel de precios. Medís cuanto sale una canasta de productos que cubre todas las necesidades de un grupo familiar promedio, calculás cuántos ingresos tienen los hogares en promedio y de ahí sacás a cuántos les alcanza para comprar esa canasta básica (los no-pobres) y a cuántos no les alcanza (los pobres).

La inflación no mide nivel de precios, sino variación de precios (es decir, en qué porcentaje los precios se mueven mes a mes, año a año).

Es perfectamente posible, entonces, que haya alta variación de precios (o sea, alta inflación) y el nivel de precios sea bajo, porque los ingresos también suben, al mismo ritmo o mayor al del resto de los precios.

O por el contrario, que los precios estén fijos, quietos, que ni siquiera haya variación de precios (inflación 0), pero que el nivel de precios sea muy alto y haya muchos pobres (porque cuando hay inflación 0 los salarios tampoco aumentan, y si arrancan de un lugar bajo...).

O sea, bajar la inflación, incluso hacer desaparecer la inflación NO reduce la pobreza, señor presidente.

La pobreza se reduce mejorando los ingresos en relación a los precios de los alimentos.

Es decir, exactamente lo contrario a lo que hizo su gobierno hasta ahora.

jueves, 29 de septiembre de 2016

Corrección de precios relativos

Lo repetimos muchas veces, y vamos a seguir.

En la relación dinámica entre precios y salarios 
no es la inflación la que opera negativamente sobre la distribución de la riqueza. Porque la inflación es un fenómeno nominal. Cuando hay inflación, todos los precios de la economía aumentan más o menos parejos. Incluidos los salarios.

La inflación genera otros problemas: resiente la inversión, destruye el ahorro, dificulta el financiamiento de largo plazo...


Pero en cuanto a distribución de los ingresos, la regresión la provoca una corrección de precios relativos.

Este gobierno, en un escenario de inercia inflacionaria se dispuso a frenar la inflación corrigiendo precios relativos.


Y tomó medidas que aumentaron fuertemente los precios de los alimentos y los servicios públicos, y frenó los incrementos salariales y de las transferencias estatales (jubilaciones, pensiones, asignaciones, planes).


En ese nuevo equilibrio de precios relativos entre la canasta básica y el salario, en el cual con un salario se adquiere un 15% menos de canastas básicas, empieza a frenarse la inercia inflacionaria. Dejan de subir los precios (y dejan también de subir los salarios).


La conclusión es que los salarios estaban demasiado altos en términos relativos, las personas consumían demasiado, el contexto no beneficiaba la ampliación de la oferta por déficit de inversión y trabas a la importación y todo eso generaba inflación. Lo cual hacía perder ganancias a los sectores rentísticos.


Entonces, como ahora bajaron los salarios, la inflación empieza a ceder, y los sectores rentísticos empiezan a recomponer sus rentabilidades.
De este modo, en esa oposición que hay entre sectores rentísticos y sectores productivos, la base productiva se empieza a angostar más aún 
(paradójicamente, el problema de que hubiera encontrado un límite y no se ensanchara por falta de inversión era un puntal de la dinámica inflacionaria; cuando la inflación decrece, sin embargo, este problema se potencia). La industria produce menos, aumenta el desempleo.


Y como contrapartida, los bancos, los especuladores y los ahorristas ganan más.

Se produce la grieta: de un lado quedan los trabajadores de salarios medios y bajos, y los empresarios y comerciantes vinculados al mercado interno y la producción secundaria. Esos pierden.


Del otro lado quedan los trabajadores que conservan sus empleos con salarios de medios hacia arriba que recuperan renta para sus ahorros, y las empresas multinacionales que operan en los sectores productivos tradicionales y financieros (bancos, cerealeras, mineras, petroleras, privatizadas de servicios públicos). Esos ganan.


Nadie gobierna para todos.

Pobreza


Ayer el gobierno presentó una medición de pobreza por ingresos, con la cual demuestra la voluntad de medir con un grado de rigurosidad mucho mayor al que mostraba el gobierno anterior.

Como pasó con otros índices del INDEC, la nueva medición se pone en línea, metodológica y en cuanto a resultados, con las mediciones privadas, especialmente la de la UCA en el caso de la pobreza. 

Es muy lógico y entendible que muestren esta diferencia cualitativa para compararse con las anteriores autoridades, y que la comparación en este punto los beneficie. Incluso son lícitas las chicanas.

Miden la pobreza mejor que antes. Y eso es motivo de reconocimiento.


Pero lo que no debería haber hecho Macri es ocultar los efectos sobre los índices de pobreza que pudieron tener las decisiones que tomó. Y que no están del todo medidos porque el número mostrado ayer corresponde a junio.


La salida del cepo que derivó en devaluación, los aumentos de los servicios públicos, y la medida más difícil de explicar que es la eliminación de las retenciones, hacen que la canasta básica cueste un 50% más que lo que costaba el año anterior, mientras que todos los ingresos (salarios y transferencias estatales como asignaciones, pensiones, jubilaciones y planes) aumentaron un 30% promedio.
Esto no es inflación, sino corrección de precios relativos. Con lo cual, no se solucionará con la baja de la inflación, ni aún si ésta desapareciera.


Según la alabada medición de la UCA, hay casi un millón y medio de pobres más que el año pasado (o sea, un 3 o 4% más). Y es responsabilidad de la corrección de precios relativos, del "sinceramiento", del fin de la "ficción" según la cual teníamos "costumbres de país rico", de que muchos vivíamos "por encima de nuestras posibilidades".


Hay una diferencia sustancial en cuanto a cuál es el número inicial de la gestión. Porque dentro de 3 años van a medir la pobreza en 28% y van a decir que la bajaron, cuando en realidad no la habrán bajado nada.


Y al final, no vamos a poder librarnos de la disputa por el relato.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

La mano inevitable del Estado en materia tarifaria

http://abcenlinea.com.ar/la-mano-inevitable-del-estado-en-materia-tarifaria/

Una de las primeras tareas que encaró el nuevo gobierno fue la suba de precios de los servicios públicos domiciliarios: luz, agua y gas.

Los reflectores de la opinión pública apuntaron obviamente hacia el lugar que afecta la mayor sensibilidad en la mayoría de los ciudadanos. Así es que las boletas domiciliarias acapararon la atención y opacaron todas las demás aristas de un tema que es de una complejidad muy grande, y además, reviste una vitalidad esencial en todo lo que es el entramado productivo, económico y social: los precios de la energía.

Lógicamente, la actitud del gobierno se apoyó en un consenso muy amplio: la luz y el gas están demasiado baratos. Así opinábamos todos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Incluso nos creímos que la modificación de esta incongruencia (los bajos precios domiciliarios de estos servicios) iba a cumplir con un objetivo de “federalismo”. Vaya a saberse por qué superstición o fantasía, el “interior” (así llamamos los porteños a quienes viven en las demás provincias argentinas) se iba a ver beneficiado. ¿Tal vez por la “revancha histórica” de que los porteños sufrieran fuertes aumentos? Es muy difícil de saber realmente cómo pudo tanta gente creer que lo que venía iba a ser bueno, pero así fue.

Hasta que llegaron las primeras facturas nadie discutía demasiado esta cuestión. Fatalmente, la luz y el gas iban a aumentar. Después los hechos volvieron a demostrar que el presente tiene una fuerza de impacto que mientras es futuro aparece mitigada. Los usuarios domiciliarios de ningún lugar del país toleraron los nuevos valores. La seguidilla de conflictos inconclusa es de público dominio.
Pero por debajo de todo este embrollo es quizás pertinente encarar un análisis más profundo de todo lo que se pone en juego cuando se habla de gas y luz.

Las tarifas domiciliarias son apenas un eslabón menor en todo el encadenamiento de provisión energética que soporta un entramado productivo activo. Incluso, el proceso de formación de precios desde la obtención del producto primario, el transporte hacia los lugares en que se consume, y sus transformaciones y distribución para los distintos tipos de uso pone en juego demasiados ítems muy sensibles para una sociedad: perfil productivo, nivel de empleo, poder adquisitivo de los ingresos, amplitud comercial.

Cada eslabón tiene un proceso de formación de precios particular, y que es de afectación decisiva para el eslabón siguiente. De manera que permitir el libre funcionamiento de la competencia, por ejemplo, en el mercado de generación eléctrica tal vez es óptimo… para el funcionamiento del mercado de generación eléctrica, analizado fuera de su contexto. Pero cuando se pone ese eslabón en interrelación con el siguiente (el transporte), con los posteriores (la distribución), o incluso con el uso de energía eléctrica como insumo productivo en otras ramas de actividad, nos podemos encontrar que el resultado de la acción competitiva en el tramo de generación puede operar condiciones restrictivas o prohibitivas en otros eslabones.

Para ello, la aplicación de la facultad de intervención en la fijación de precios por parte del Estado, suele convertirse en una salida que evita el desequilibrio de perjuicios y beneficios que se concluye de la acción libre de fuerzas mercantiles, ya que incluso en algunos tramos la propia estructura del negocio no la admite.

Hay un caso de manual: la distribución domiciliaria. Sería realmente anti-económico, incluso desde el mismo sentido común, pensar en la posibilidad de que la distribución de servicios como la energía eléctrica o el gas de red se hiciera bajo las normas de la competencia perfecta. La inversión en crear la red de infraestructura es elevadísima, y no tiene ningún sentido multiplicarla (imaginar que a cada domicilio lleguen tres o cuatro caños de gas, cada uno de una prestadora distinta para que el usuario elija a cual contratar, nos exime de mayores explicaciones). Con una red (de cableado o de caños) alcanza, según el caso. Es así que la provisión de estos recursos, en el último tramo, se hace bajo la forma del “monopolio perfecto”. Un contexto de negocios muy particular, en el cual no funciona la interacción de oferta y demanda (cosa reconocida por los propios elaboradores de la teoría de la oferta y la demanda). Es así que, para regular márgenes de rentabilidad,  el Estado en este caso es quien pone el valor adecuado. Independientemente de las particularidades de cada situación, es aún así en la misma teoría.

Ya dijimos, unos párrafos antes, que la determinación de los precios en un tramo de la cadena influye decisivamente en lo que pase en el otro, y muchas veces estos acontecimientos no se compatibilizan de manera armónica, sino que pueden surgir desequilibrios insalvables o desequilibradamente perniciosos. Para evitarlo, o mejor dicho, para administrar pérdidas y usufructo de excedentes, la regulación en materia de precios es casi una obligación.

Si a esto se suma la relevancia absoluta que lo que ocurre en estas cadenas (las de la energía eléctrica y el gas) tiene sobre el resto de los desempeños económicos, las productividades de distintos sectores, la competitividad, y por ende el nivel de empleo, casi que no queda margen para alegar en contra de la intervención directa en todo el proceso formador de precios, o al menos que se reserve algunas palancas regulatorias para encauzar desequilibrios no queridos.

En Argentina, hoy por hoy, existe un marco regulatorio legal atento a estas características. Es lo que se conoce como Ley de Emergencia económica, la 25.561, a través de la cual el Estado se ve convidado a la renegociación de contratos (o sea, al establecimiento de precios) en función de: “1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución de los ingresos 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente, 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, 4) la seguridad de los sistemas comprendidos, 5) la rentabilidad de las empresas”.

La vigilancia en el cumplimiento de estas prerrogativas, hace un muy duro maridaje entre la regulación de precios en determinado tramo de la cadena y la absoluta libertad para la operación entre privados en otros tramos, aún cuando esto último pueda ser posible de todos modos.

Pero el tema es que, atento a todo esto dicho, la invitación al uso de instrumentos como los (tan vilipendiados últimamente) subsidios cruzados para equilibrar costos y usufructo de excedentes es casi obvia.

No hay una trama tan compleja de distribución de cargas y obtención de beneficios en la provisión de servicios básicos para el funcionamiento de todo un aparato productivo que pueda desligarse de la puesta en marcha de un esquema de distribución compleja de subsidios, al menos como recurso a emplear.

La renuncia absoluta al uso de esas herramientas, en términos teóricos, implicaría el dejar de velar por algunos de los objetivos propuestos en la legislación, principalmente los que atañen a la competitividad equilibrada entre sectores y a la distribución del ingreso.

Con esto queremos decir que el consenso respecto a que la inconsistencia de la estructura de precios de la luz o el gas en los distintos eslabones de la cadena de producción, transporte y distribución necesite algún nuevo acuerdo (un ajuste, un aumento de tarifas, digámoslo claramente) no tiene que derivar en una ridícula obstinación a rechazar los esquemas de subsidio.

Porque el Estado no puede declinar su obligación de regular precios en el tramo del monopolio perfecto. Si no contempla entonces compensaciones con subsidios para no trasladar subas abruptas de costos al consumidor final (no tanto el domiciliario, sino el que usa la energía como insumo productivo) difícilmente pueda complementar algunos de sus objetivos: la seguridad de los sistemas, la competitividad y la distribución del ingreso.

Los subsidios no son obligatorios, pero tampoco deben estar prohibidos. Son una herramienta que puede usarse, por ejemplo, para que la salvaguarda de la rentabilidad de las empresas del sector energético no deje sin empleo a los trabajadores metalúrgicos de pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar las facturas de luz. Esos desequilibrios, que tienen base en los diferenciales de competitividad de distintas actividades, son insalvables sin subsidios.

miércoles, 21 de septiembre de 2016

La Curva de Phillips y la profundización macrista

http://abcenlinea.com.ar/la-curva-de-phillips-y-la-profundizacion-macrista/

Se le llama Curva de Phillips a la expresión gráfica de un postulado teórico que vincula matemáticamente a la inflación con el desempleo. Tiene, casi obligatoriamente, un capítulo en cualquier manual básico de economía.
En un eje de coordenadas en que se vinculan los valores de ‘x’ con los valores de ‘y’ –que para el caso son la tasa de inflación y la de desempleo–, se obtiene una curva con pendiente negativa, lo cual significaría que el aumento de una se da en conjunto con la disminución de la otra, y viceversa. El desempleo y la inflación son, según este modelo, inversamente proporcionales.

Lógicamente, este esquema se aplica a situaciones específicas en que las variables muestren valores más o menos habituales, y no exageradas. La idea fundamental del diseño es que para combatir situaciones de desempleo relativamente elevado se toman decisiones que promueven presiones inflacionarias.
Para el caso de una inflación que ronda el 25% o 30% anual y una tasa de ocupación cercana al pleno empleo, la Curva de Phillips es aplicable, pero en sentido inverso: básicamente, puede utilizarse para sugerir que la aplicación de políticas contractivas para hacer disminuir el alza de precios podrá derivar en un aumento del desempleo.

Mientras tanto, en el mundo real, con altibajos, con problemas, a los tropiezos, el plan económico del gobierno nacional avanza.
La primera etapa consistió en la estabilización del mercado cambiario. Se eliminaron los elementos de control del mal denominado cepo y, por ende, se unificaron los diversos tipos de cambio existentes hasta entonces. La idea de mantener valores diferenciales del dólar en función de las necesidades dispares que tienen las distintas actividades productivas fue abandonada, y se la reemplazó por otra consistente en poner como objetivo el establecimiento de un tipo de cambio financiero atractivo, al cual las actividades productivas y comerciales naturalmente competitivas puedan adaptarse fácilmente, mientras que aquellas que no lo sean perderán cualquier forma de protección de ese tipo, que en los manuales ortodoxos es considerada como espuria.
Para ello, además del levantamiento de las restricciones a la compra minorista de divisas y del bloqueo a la remisión de utilidades por parte de empresas, hubo que barrer otros elementos: el fundamental, las retenciones, que establecían un tipo de cambio diferencial y más bajo para la exportación (y por ende, para la fijación del precio interno) de las principales materias primas alimenticias. Luego de ello, la producción de maíz y la producción de tornillos operan en el mismo marco cambiario, y por consiguiente cuentan con la misma protección para-arancelaria: ninguna. Una no lo necesita por ser ultra-competitiva en términos internacionales.
Pero con la otra no ocurre lo mismo. Su declinación está asegurada. Y es, además, algo buscado en el marco conceptual en que se maneja el gobierno: eliminar las actividades no competitivas (pesada herencia del populismo) como paso previo a la generación de “empleo de calidad”. 

Así fue que el tipo de cambio se estabilizó en el orden provisto por una mecánica financiera. Los ingresos y egresos de divisas al país determinan la robustez de la oferta de dólares en relación a la demanda, y en su interacción definen (la intervención del BCRA es limitada, tendiente a desaparecer) el valor “adecuado” del dólar (leyendo la totalidad del texto tal vez podamos descubrir adecuado para qué. O para quiénes).
Para ello el Banco Central, si bien intenta no operar mucho en la plaza cambiaria en sí, tiene una participación decisiva en la fijación de las tasas de interés. Las elevadas tasas en pesos, aparte de ser un obstáculo insalvable para la actividad interna, son un polo de atracción para la administración financiera especulativa y el arbitrio con dólares y pesos. Además de darles ganancias estrafalarias a los bancos, puede que invoquen el ingreso de capitales especulativos que en el interín hacen su aporte a la estabilización del mercado cambiario.

Otro elemento que opera en este objetivo de cubrir el déficit de balanza comercial es el endeudamiento. El público, de los distintos sectores (financiero, no-financiero, nacional o provinciales), y el privado. Esta vía ha hecho ya el “patriótico” aporte de alrededor de 50 mil millones de dólares en lo que va del año. La fuga de divisas empresarial ya quedó cubierta gracias a este monto. Es decir, la dolarización de las ganancias empresariales se financia con deuda que en buena parte tomamos (y pagaremos) entre todos.

Para lograr todo esto, la primera etapa se basó en lo que fue una mega-devaluación. Y no lo decimos nada más que por el comportamiento del valor oficial del dólar, sino por el tránsito que esta variación tuvo a la economía real. Los precios de los bienes transables se dispararon fuertemente, en relación directa con el aumento en el valor del dólar, sumado a otros condimentos como la inercia inflacionaria que ya se venía viviendo. Los no transables, en cambio, se retrasaron un poco más.
Es necesario aclararlo: el trabajo es un bien no transable. Por ende, su precio, el salario, avanzó notablemente menos que el de los transables, como (pongámosle) el pan, la leche o la carne.
Este hecho, el de los aumentos derivados de la mega-devaluación, nos abre la puerta para hablar de la segunda etapa del plan económico: la modificación de los precios relativos de la economía.
Toda esta dinámica dio por resultado un esquema según el cual el crecimiento de los precios de algunos bienes superó ampliamente al de otros. Para establecer una nueva relación entre los mismos. Así, un salario mínimo equivale hoy a menos canastas básicas que hace nueve meses.
Los aumentos en los precios de los servicios públicos son un pendiente que queda de esta etapa, aunque hubo cambios que ya no se vuelven para atrás. Resta ahora que el Gobierno encuentre la forma de conformar a las empresas con aumentos a un ritmo menor al que prometieron en principio para la tarifa domiciliaria del gas (y tal vez también de la luz). Los años sucesivos veremos que las tarifas se comportarán en forma contracíclica, aumentando por encima del promedio de la inflación.
Pero esto solamente en el tramo de consumo de la luz y el gas como bienes finales. En el tramo en que se utilizan como insumo, los valores ya quedaron oficializados más altos. Lo cual no quiere decir que no sufran nuevos aumentos en el futuro (sí lo harán). Pero el impacto fuerte sobre la competitividad industrial ya lo llevaron a cabo, con malas noticias para nuestras Pymes.
Lo que marca que el objetivo de esta etapa está cumplido es que el aumento del costo de vida, tal la expectativa del gobierno nacional, se va moderando. Sin embargo, obviamente, la idea oficial es bajarlo más todavía. Y para ello insistirán con las políticas monetarias y cambiarias de estos últimos meses (tasas espectacularmente altas, bajando a un ritmo muy lento, y dólar ahora sí estable y por lo tanto abaratándose). Intentarán sumar lo que hasta ahora fue un fracaso: la reducción del gasto público. Eliminación de subsidios, más reducciones de programas y exoneración de empleados, y tal vez alguna que otra privatización se contarán entre los medios explorados para alcanzar tal fin.
De todos modos, los efectos anti-inflacionarios de la política fiscal no son fácilmente identificables: lo que ocurrió hasta ahora es que hubo reducción real módica del gasto, pero fue mayor la reducción de los ingresos fiscales, de manera tal que el déficit creció, aunque fue cubierto con endeudamiento con el sector privado en una buena proporción, lo que libró al Banco Central de tener que transferir más plata al fisco. En este intrincado panorama, es esperable que el Gobierno intente mayores reducciones, al tiempo que opere modificaciones en la matriz impositiva de corte seguramente regresivas como las que hasta aquí operó. Para cuando, con todo esto, la inflación (ese aumento nominal y parejo de todos los precios de la economía) vaya declinando (es decir, aumentando menos) empezaremos a ver ya un plan económico en funciones plenas: con dólar estable, valorización financiera, auge de la importación, tasa de retorno garantizada para las inversiones en sectores tradicionales o elegidos por el Gobierno, estabilización de precios, pérdida de empleo, deterioro del aparato productivo no tradicional y solvencia del déficit comercial y de la fuga de divisas con ingreso de capitales especulativos y endeudamiento externo.
Para la etapa de consolidación del esquema, podemos esperar entonces un ascenso importante del desempleo como tema central. En línea con este viraje del centro de gravitación de nuestra economía: desde sectores productivos (no altamente competitivos) hacia otros rentísticos.
Al menos, es lo que nos sugiere a todos, incluido Alfonso Prat-Gay, la famosa Curva de Phillips.