miércoles, 21 de septiembre de 2016

La Curva de Phillips y la profundización macrista

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Se le llama Curva de Phillips a la expresión gráfica de un postulado teórico que vincula matemáticamente a la inflación con el desempleo. Tiene, casi obligatoriamente, un capítulo en cualquier manual básico de economía.
En un eje de coordenadas en que se vinculan los valores de ‘x’ con los valores de ‘y’ –que para el caso son la tasa de inflación y la de desempleo–, se obtiene una curva con pendiente negativa, lo cual significaría que el aumento de una se da en conjunto con la disminución de la otra, y viceversa. El desempleo y la inflación son, según este modelo, inversamente proporcionales.

Lógicamente, este esquema se aplica a situaciones específicas en que las variables muestren valores más o menos habituales, y no exageradas. La idea fundamental del diseño es que para combatir situaciones de desempleo relativamente elevado se toman decisiones que promueven presiones inflacionarias.
Para el caso de una inflación que ronda el 25% o 30% anual y una tasa de ocupación cercana al pleno empleo, la Curva de Phillips es aplicable, pero en sentido inverso: básicamente, puede utilizarse para sugerir que la aplicación de políticas contractivas para hacer disminuir el alza de precios podrá derivar en un aumento del desempleo.

Mientras tanto, en el mundo real, con altibajos, con problemas, a los tropiezos, el plan económico del gobierno nacional avanza.
La primera etapa consistió en la estabilización del mercado cambiario. Se eliminaron los elementos de control del mal denominado cepo y, por ende, se unificaron los diversos tipos de cambio existentes hasta entonces. La idea de mantener valores diferenciales del dólar en función de las necesidades dispares que tienen las distintas actividades productivas fue abandonada, y se la reemplazó por otra consistente en poner como objetivo el establecimiento de un tipo de cambio financiero atractivo, al cual las actividades productivas y comerciales naturalmente competitivas puedan adaptarse fácilmente, mientras que aquellas que no lo sean perderán cualquier forma de protección de ese tipo, que en los manuales ortodoxos es considerada como espuria.
Para ello, además del levantamiento de las restricciones a la compra minorista de divisas y del bloqueo a la remisión de utilidades por parte de empresas, hubo que barrer otros elementos: el fundamental, las retenciones, que establecían un tipo de cambio diferencial y más bajo para la exportación (y por ende, para la fijación del precio interno) de las principales materias primas alimenticias. Luego de ello, la producción de maíz y la producción de tornillos operan en el mismo marco cambiario, y por consiguiente cuentan con la misma protección para-arancelaria: ninguna. Una no lo necesita por ser ultra-competitiva en términos internacionales.
Pero con la otra no ocurre lo mismo. Su declinación está asegurada. Y es, además, algo buscado en el marco conceptual en que se maneja el gobierno: eliminar las actividades no competitivas (pesada herencia del populismo) como paso previo a la generación de “empleo de calidad”. 

Así fue que el tipo de cambio se estabilizó en el orden provisto por una mecánica financiera. Los ingresos y egresos de divisas al país determinan la robustez de la oferta de dólares en relación a la demanda, y en su interacción definen (la intervención del BCRA es limitada, tendiente a desaparecer) el valor “adecuado” del dólar (leyendo la totalidad del texto tal vez podamos descubrir adecuado para qué. O para quiénes).
Para ello el Banco Central, si bien intenta no operar mucho en la plaza cambiaria en sí, tiene una participación decisiva en la fijación de las tasas de interés. Las elevadas tasas en pesos, aparte de ser un obstáculo insalvable para la actividad interna, son un polo de atracción para la administración financiera especulativa y el arbitrio con dólares y pesos. Además de darles ganancias estrafalarias a los bancos, puede que invoquen el ingreso de capitales especulativos que en el interín hacen su aporte a la estabilización del mercado cambiario.

Otro elemento que opera en este objetivo de cubrir el déficit de balanza comercial es el endeudamiento. El público, de los distintos sectores (financiero, no-financiero, nacional o provinciales), y el privado. Esta vía ha hecho ya el “patriótico” aporte de alrededor de 50 mil millones de dólares en lo que va del año. La fuga de divisas empresarial ya quedó cubierta gracias a este monto. Es decir, la dolarización de las ganancias empresariales se financia con deuda que en buena parte tomamos (y pagaremos) entre todos.

Para lograr todo esto, la primera etapa se basó en lo que fue una mega-devaluación. Y no lo decimos nada más que por el comportamiento del valor oficial del dólar, sino por el tránsito que esta variación tuvo a la economía real. Los precios de los bienes transables se dispararon fuertemente, en relación directa con el aumento en el valor del dólar, sumado a otros condimentos como la inercia inflacionaria que ya se venía viviendo. Los no transables, en cambio, se retrasaron un poco más.
Es necesario aclararlo: el trabajo es un bien no transable. Por ende, su precio, el salario, avanzó notablemente menos que el de los transables, como (pongámosle) el pan, la leche o la carne.
Este hecho, el de los aumentos derivados de la mega-devaluación, nos abre la puerta para hablar de la segunda etapa del plan económico: la modificación de los precios relativos de la economía.
Toda esta dinámica dio por resultado un esquema según el cual el crecimiento de los precios de algunos bienes superó ampliamente al de otros. Para establecer una nueva relación entre los mismos. Así, un salario mínimo equivale hoy a menos canastas básicas que hace nueve meses.
Los aumentos en los precios de los servicios públicos son un pendiente que queda de esta etapa, aunque hubo cambios que ya no se vuelven para atrás. Resta ahora que el Gobierno encuentre la forma de conformar a las empresas con aumentos a un ritmo menor al que prometieron en principio para la tarifa domiciliaria del gas (y tal vez también de la luz). Los años sucesivos veremos que las tarifas se comportarán en forma contracíclica, aumentando por encima del promedio de la inflación.
Pero esto solamente en el tramo de consumo de la luz y el gas como bienes finales. En el tramo en que se utilizan como insumo, los valores ya quedaron oficializados más altos. Lo cual no quiere decir que no sufran nuevos aumentos en el futuro (sí lo harán). Pero el impacto fuerte sobre la competitividad industrial ya lo llevaron a cabo, con malas noticias para nuestras Pymes.
Lo que marca que el objetivo de esta etapa está cumplido es que el aumento del costo de vida, tal la expectativa del gobierno nacional, se va moderando. Sin embargo, obviamente, la idea oficial es bajarlo más todavía. Y para ello insistirán con las políticas monetarias y cambiarias de estos últimos meses (tasas espectacularmente altas, bajando a un ritmo muy lento, y dólar ahora sí estable y por lo tanto abaratándose). Intentarán sumar lo que hasta ahora fue un fracaso: la reducción del gasto público. Eliminación de subsidios, más reducciones de programas y exoneración de empleados, y tal vez alguna que otra privatización se contarán entre los medios explorados para alcanzar tal fin.
De todos modos, los efectos anti-inflacionarios de la política fiscal no son fácilmente identificables: lo que ocurrió hasta ahora es que hubo reducción real módica del gasto, pero fue mayor la reducción de los ingresos fiscales, de manera tal que el déficit creció, aunque fue cubierto con endeudamiento con el sector privado en una buena proporción, lo que libró al Banco Central de tener que transferir más plata al fisco. En este intrincado panorama, es esperable que el Gobierno intente mayores reducciones, al tiempo que opere modificaciones en la matriz impositiva de corte seguramente regresivas como las que hasta aquí operó. Para cuando, con todo esto, la inflación (ese aumento nominal y parejo de todos los precios de la economía) vaya declinando (es decir, aumentando menos) empezaremos a ver ya un plan económico en funciones plenas: con dólar estable, valorización financiera, auge de la importación, tasa de retorno garantizada para las inversiones en sectores tradicionales o elegidos por el Gobierno, estabilización de precios, pérdida de empleo, deterioro del aparato productivo no tradicional y solvencia del déficit comercial y de la fuga de divisas con ingreso de capitales especulativos y endeudamiento externo.
Para la etapa de consolidación del esquema, podemos esperar entonces un ascenso importante del desempleo como tema central. En línea con este viraje del centro de gravitación de nuestra economía: desde sectores productivos (no altamente competitivos) hacia otros rentísticos.
Al menos, es lo que nos sugiere a todos, incluido Alfonso Prat-Gay, la famosa Curva de Phillips.

A juntar tapitas (sobre el fin de Fútbol Para Todos)

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Todo parece indicar que termina Fútbol Para Todos. En medio del entusiasmo melodramático de quienes se inventan una ficción en la que se mandará al fútbol a juntar tapitas para darle mayor presupuesto al Garrahan. Cada quien tiene derecho a elegir la mentira que lo haga más feliz.
En rigor de verdad, el fútbol no juntará tapitas. Será lo que era antes de FPT: un negocio multimillonario, vinculado, legítimamente –según el imaginario social–, a la esfera de lo privado. Empresarios coimeros, intermediarios tránsfugas y matones escapados de películas de gánsteres manejarán dinero en la oscuridad y dispondrán del mismo como les plazca. Sin los incordios que les genera esta idea tan difundida de que se trata de plata de todos.

Los derechos de televisación dejarán de ser adquiridos por el Estado y el producto fútbol será televisado en otras condiciones: tal vez ya no más por TV abierta, sino con la vuelta de productos codificados.
Hasta hoy, los funcionarios mencionan continuamente el “compromiso de garantizar la gratuidad”. Y se enfrentan siempre a algún opinador televisivo que, con el asombro adolescente de haber descubierto recién lo que cree una verdad revelada, les dice que no es gratis porque “lo pagamos entre todos”.
En ese marco conceptual, nada es gratis nunca. Las veredas, las plazas, la TV Pública, la embajada en Panamá, el mismo Garrahan; cosas, todas ésas, que también “pagamos entre todos”. Pero como bien comprendieron los supermercadistas chinos, por ejemplo, no es lo mismo “pagarlo entre todos” que facturárselo a cada quien por separado. 

Entonces, cuando los funcionarios hablan de garantizar la gratuidad, seguramente se están refiriendo a este concepto aparentemente tan complejo de lo público. 
Ahora bien, la verdad es que tampoco se les puede creer demasiado. Fernando Marín, director de FPT, tiene datos muy precisos sobre el interés de varias empresas por reemplazar al Estado en el rol de adquirente. Lo expresa él mediáticamente cada vez que lo consultan. Demasiada información como para suponer que hicieron sondeos previos ellos mismos.
La intervención de grupos empresarios como los mencionados implicará seguramente la revisión de muchos de los parámetros con los que se rige la transmisión televisiva del futbol hoy. El principal: la tasa de retorno de la inversión. Y para ello, el producto televisivo no puede ser público.
Dicen los que evalúan esta cuestión que la gran mayoría, alrededor de un 90% de los que hoy ven fútbol, ya lo están haciendo a través del cable. Desestiman, sin embargo, en sus cálculos a futuro, que el valor del cable será sustancialmente más alto si tiene que pagarle regalías a una señal, o a varias, por la exclusividad de los partidos de fútbol. El cable barato es otro lujo de país rico.
Para ir a lo concreto: los únicos que van a terminar juntando tapitas van a ser los "empleados medios" que no se resignen al fin de la ficción y pretendan seguir disfrutando ese lujo de país rico que es ver el superclásico por televisión.
Los dirigentes del futbol argentino, por su lado, son activos rosqueros en este favor que para Mauricio Macri es la finalización sin conflicto del contrato de FPT. De hecho, el motivo que los inspira es que habría compañías privadas ofreciendo más dinero que el gobierno nacional (cosa extraña, ya que justamente el motivo del inicio de FPT es que pagaba por los derechos una cifra que para las empresas privadas hacía inviable el negocio; habría que ver cómo van a hacer esta vez,  pagando más incluso que el estado, para que el negocio sea viable). A pesar de que trascendió que en las mesas de negociaciones se estaría barajando una cifra elevada: 2500 millones de pesos. Casi el doble de la última cifra que pagara la administración anterior.
Es muy probable que se haya tratado (esa ronda de negociaciones) de una puesta en escena: la inflación de números, la discusión encarnizada y hasta los aprietes judiciales. No habría que perder de vista un dato: que los fondos provengan del Estado es el único lazo que mantiene con carácter judicializable y exposición mediática todos los avatares de transferencias de cheques, etc. Los dirigentes, entonces, podrían comprar invisibilización si rompen con FPT. La corrupción no le interesa a nadie de los que se mueven en este terreno. Se sabe a simple revisión de antecedentes de los miembros de la “comisión normalizadora”. Los mismos dirigentes y empresarios “corruptos” son bendecidos por el Gobierno para reestructurar el fútbol: restaurando el negocio de la televisación privada.
El error de apreciación más difundido es el de evaluar a FPT como un subsidio al fútbol. Si bien su nacimiento estuvo ligado al descontento de los dirigentes con el monto que pagaba la empresa privada por los derechos televisivos (debido a lo cual el Estado hizo una oferta superadora que derivó en el nacimiento del programa), no se trata estrictamente de un subsidio sino de la contratación de un producto. El Estado no “le da plata al fútbol” para mantenerlo sino que le compra los derechos de televisación para ofrecer la transmisión de los partidos públicamente. Y lo hizo, desde un inicio, con fondos originalmente destinados a la compra de espacios publicitarios en canales de aire. Entonces, se dejó de emitir publicidad oficial en los canales 13, 11, 9 y 2, y se la canalizó a través de FPT.
El fin del programa, entonces, está enlazado al restablecimiento de la “normalidad” en materia publicitaria. Así que los canales 13, 11, 9 y 2 volverán a disfrutar de ese verdadero subsidio a la libertad de prensa y empresa (dicho en sus términos) que es la pauta oficial. De hecho, ya lo están haciendo.
De ese modo, el Garrahan seguirá juntando tapitas.
Que sea correcto o no que se le otorgue carácter público al producto televisivo fútbol ya es un tema más complejo, que cruza decisiones políticas, establecimiento de prioridades, etc. Están los que dicen que las prioridades son la salud y la educación y se quejan del dispendio de fondos públicos en fútbol. Sin embargo, son selectivos. No replican esas quejas respecto del pago a fondos buitre o de la cuota del Fondo Monetario Internacional. Conceptos, todos esos, más onerosos que FPT.
Hay, además, un trasfondo ideológico. Por cuestiones vinculadas a cierto aprendizaje histórico, la expectación de fútbol como disciplina recreativa tiene una valoración menor en relación a otras disciplinas. Nadie discute la necesidad de que el Estado ponga a disposición pública espectáculos de expresiones culturales distintas como el ballet, las artes culinarias, la música o el teatro. Si bien podrá decirse que los montos empleados en el caso del Fútbol Para Todos son mayores, también es varias veces mayor la proporción de ciudadanos que disfruta del mismo en comparación con los espectáculos antes mencionados. Como sea, el bien cultural fútbol tiene una valoración menor, casi como resultado de concepciones pseudo-clasistas. Gastar millones de nuestra plata en el Teatro Colón siempre será mejor visto que hacerlo en partidos de futbol por TV.
A lo mejor, con el tiempo, esa concepción va cambiando. En la imitada Europa, alguna vez se pretendió combatir la violencia en el fútbol excluyendo a las clases populares de los estadios. Entradas caras, localidades numeradas, instalaciones pensadas para sofisticar los ingresos. En la Argentina de hoy, el eje es la corrupción: de la dirigencia, en general; y del futbol, en particular. Y el antídoto, limitar el acceso de las clases populares a la televisación del fútbol.
Quizás, si todo les sale bien, en algún porvenir venturoso el futbol televisivo se convierta en una distracción de gente sofisticada, y así deje de ser un producto cultural menor.

martes, 20 de septiembre de 2016

Sinceramientos y precios justos: el drama de las tarifas de los servicios públicos

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Las facturas de servicios públicos siguen siendo uno de los puntos álgidos de la discusión política. Único ítem ineludible para la prensa complaciente con el actual gobierno (o sea, casi toda).
Llegan, algunas de esas boletas, con aumentos siderales. Burlándose de los confusos topes. Actuando en sinergia con el clima. Ése que no hay derecho a combatir con calefacción. Al menos sin dedicar una buena porción de los ingresos a su pago. El frío, ese verdugo de los pobres, se la agarra con la clase media. La pauperiza. Le reformula las estructuras de pensamiento forjadas en años de creer que los subsidiados eran “los vagos”, “los negros” o los pobres. O todos ellos. Con sus impuestos. La coloca ante la certeza inconfesable de que les “sacaron el plan”.
Por otro lado, algunos cronistas que se pasaron varios años diciendo que los subsidios beneficiaban a las clases altas y medias altas porteñas, que mantenían sus piletas climatizadas con gas pagado a precio irrisorio, hoy no saben qué decirle a vecinos del interior del país a los que les llegan facturas astronómicas, o a los consumidores de garrafas del conurbano bonaerense.
La promesa de que la adecuación de los cuadros tarifarios iba a servir para equilibrar los valores diferenciados entre las distintas regiones del país fomentó la ilusión del aumento focalizado. Que, sin embargo, se plasmó sin discriminar adecuadamente según criterio geográfico. Los caminos del infierno centralista están empedrados con federalismo berreta.
En el Gobierno se conducen, ante el impacto negativo creciente del asunto, en dos vertientes. Ambas esperan que el tiempo ayude a los argentinos a digerir los nuevos precios. Mientras algunos intentan, tímidamente (porque el jefe no los convalida), culpar al ministro del área, Juan José Aranguren, y a su sanguinario Excel; otros, la mayoría amplísima, fatigan la paciencia ajena con la fantasía naturalizada del “sinceramiento”. Parece ser, según esta leyenda con pretensiones científicas inconmovibles, que las cosas que se consumen, vitales para la subsistencia, necesarias para mejorar la calidad de vida, aquellos bienes y servicios que son ofrecidos en el mercado para su consumo, tienen un precio justo, que coincide con su valor abstracto. Una especie de ideal platónico de precio que fue desnaturalizado durante años a fuerza de subsidios, creando la ilusión de que se podía consumir estos bienes sin pagar lo que “realmente” valen.
El adverbio “realmente” tiende a cerrar la discusión. Está puesto allí con esa misión clausuratoria expresa. Naturalizar lo convencional. El gobierno actual, entonces, estaría reencauzando ciertos precios hacia la “naturalidad” de la ganancia empresaria. Ésa que fue sustraída durante años de populismo. Que provocaron la fantasía de que las mayorías era posible apropiarse de una parte pequeña de la mensualidad del gato de un CEO o del tuneo del Audi de alguno de sus hijos para comprar jamón cocido natural en vez de paleta. Crimen de lesa inversión extranjera.
Pero el tema es que el valor “real” de un bien o de un servicio es apenas una construcción humana. Basada en convenciones. El proceso de formación de precios, la institución misma del mercado, los contratos que ofician de marco jurídico del mismo, no son orgánicos entes naturales sino artificiales construcciones históricas. Que evolucionan, se modifican. Dentro de las convenciones imperantes, emergentes de procesos históricos complejos y no exentos de acontecimientos sangrientos, los precios de los bienes y servicios se forman en base al cálculo de costos de materias primas, insumos, fuerza de trabajo empleada, amortización de bienes de capital, renta de la tierra, logística de transporte y distribución, etc.
Y un elemento central, siempre evadido: el margen de rentabilidad empresaria, que se manifiesta en distintos eslabones de la cadena de división del trabajo.
Las modificaciones de los cuadros tarifarios de los servicios públicos respondieron en gran medida a este factor. A la recomposición de los márgenes de rentabilidad empresaria que, en el caso del gas, según el Estudio Bein, le reportarán a los distintos eslabones de la cadena de producción, transporte y distribución un embolso de 2000 millones de pesos adicionales. El doble de los 1000 millones de pesos que se ahorrará el Estado con la quita de los subsidios.
De cumplirse la previsión, los usuarios de gas en todo el país, pagarán unos 3000 millones de pesos extra a lo largo del año para recomponer la “naturalidad” perdida en este mercado.
De manera tal que los excedentes que los usuarios usufructuaban, dedicándolos a la compra de celulares o al disfrute de vacaciones o el atesoramiento de dólares, serán redirigidos, por decisión política del actual gobierno, hacia la conformación de una robusta renta empresaria en el sector de los servicios públicos. Que serían garantía de retorno de las futuras e hipotéticas inversiones, pero que, en realidad, seguramente serán remitidos en forma de utilidades a las cuentas de los distintos accionistas (fondos de inversión foráneos, sociedades off shore o las mismas casas matrices), antes que ser reinvertidos, librados ya de la exigencia del aumento del consumo que propiciaban las señales de precios beneficiosas para los usuarios a la par de una economía que crecía.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo al reasumir en 2011 que ella no estaba en Casa Rosada para ser gendarme de la rentabilidad empresaria. A ese rol reduce el actual gobierno su gestión: garantizar que los empresarios dedicados a actividades “naturalmente” competitivas puedan formar precios al nivel que consideran justo, de acuerdo a las convenciones de manual, como promesa de retorno de la inversión a realizar. La tasa de ganancia empresaria, mucha de la cual se conforma en relación al circuito de circulación financiera, será el gran articulador de la organización social en la Argentina en los próximos años.
Es una concepción filosófica forjada a lo largo de años que, más allá de la suerte de los gobiernos, muchos intelectuales, dirigentes y conspiradores no están dispuestos a reformular ni ceder.

Jubilaciones, blanqueo y FGS: la letra chica


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El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció un blanqueo de capitales, que en su estructura general se parece a los que los dirigentes de Cambiemos vilipendiaban cuando eran oposición. Una causa judicial lo entorpece: la que investiga la fuga ilegal propiciada por el HSBC. El actual ministro Prat Gay ya pidió la nulidad de la misma por uso indebido de información por parte de AFIP. Cuestiones procesales, pero no inexistencia de delito. Algún tipo de información extra-oficial convencerá a los funcionarios de que el blanqueo será un éxito. Y que ese juicio caerá. Por lo pronto, el ente con capacidad para recabar información, la UIF, fue coptado por los propios investigados: la abogada del banco, María Eugenia Talerico, secunda a Mariano Federici, su titular.
La novedad es que este blanqueo (en el rol que le asignan de fuente de financiamiento) aparece ligado a lo que es una reforma casi completa del sistema previsional argentino.
En primer lugar, los cambios anunciados en el mismo responden a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (Badaro, del año 2006), cuyo cumplimiento definitivo la anterior administración dilató bastante, limitándose a pagar solamente las sentencias firmes y usando todas las instancias de apelación posibles para las demás. Una síntesis de la cuestión podría ser la siguiente: cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, la jubilación mínima no llegaba a $200. Como se sabe, no había mucho dinero y tuvo que decidir cómo usarlo: planteó, arbitrariamente, que era prioridad aumentar la jubilación mínima en varias veces; y al resto, hacerlas esperar. Adolfo Badaro, un jubilado que cobraba unos $2.000, consideró eso un atropello y lo planteó judicialmente.
Si bien la Corte no le dio la razón en todo, sí obligó al Estado a recomponer sus haberes con un grado mayor de proporcionalidad a los aumentos recibidos por las jubilaciones mínimas –que se habían ampliado, además, con moratorias y jubilaciones anticipadas, y otras sin aportes para amas de casa–. Usando para el cálculo de la variación el índice RIPTE del Ministerio de Trabajo (Kirchner aumentó entre 2003 y 2006 la mínima incluso por encima de lo que indicaría ese índice). Y, además, ordenó –aquella sentencia– pagar retroactivos, que en el caso de Badaro superaban el millón de pesos. Esto desató una catarata de fallos en favor de jubilados en condiciones similares (hay más de setenta mil sentencias firmes, y más de trescientos ochenta mil juicios en trámite).
El actual gobierno decide ahora pagar esas sentencias (firmes o no) y abrir la posibilidad a reclamos por parte de otros jubilados que no los hayan iniciado judicialmente. Esto podría significar una mejora sustancial en los haberes de alrededor de dos millones de jubilados (el sistema ampara a siete millones): algunos, ya mismo (cuatrocientos cincuenta mil); otros, sujetos a la reapertura de los expedientes (el trámite de reajuste puede demorar hasta dos años). Pero los jubilados con haberes más altos –exclusivamente de ellos se trata en esta “reparación histórica”– estarán en condiciones de percibir incrementos, según fuentes oficiales, del 35% o el 45%, según el caso.
Además de los retroactivos cuando correspondiera. Paralelamente a esto se decide terminar con las moratorias, y reemplazarlas por la Pensión Universal a la Vejez (PUV), una especie de ingreso mínimo, para cuya percepción no es necesario cumplir con los requisitos de aportes. Hasta ahora, quienes se jubilaban sin aportes, accedían a la mínima; de aquí en más, cobrarán la PUV, cuyo valor fue fijado en 20% menos que la mínima. De manera que estamos ante una reducción encubierta de los haberes mínimos, aunque no tiene efectos retroactivos. La edad de retiro, para hombres y mujeres, será de 65 años. O sea, para las mujeres aumenta en cinco.
Como dato casi pintoresco, queda sin efecto lo que fue uno de los cambios ideológicos operados por el kirchnerismo: el reconocimiento de la tarea de las amas de casa como trabajo.
Esta decisión afectará también a muchas otras personas que por diversos motivos no cumplan con sus aportes (trabajaron en negro, fueron despedidos de sus empleos antes de llegar a completar el ciclo de aportes y no volvieron a conseguir trabajo, etc.). En síntesis, los adultos mayores del tramo más vulnerable que se jubilen de ahora en más, cobrarán un 20% menos de lo que les correspondería, merced a las moratorias, si se jubilaran hoy.
El corolario de la reforma, así las cosas, es sencillo de comprender: mejoramientos para los jubilados de mayores ingresos, y ensanchamiento de la brecha entre los que cobran más y aquellos que cobran menos. Hay ciertas grietas que, parece, no conviene nunca cerrar.
Pero volvamos al pago de los juicios. Que, dicen, se cubrirá con la plata obtenida por la tasa de 10 o 15% que se les cobrará a los que blanqueen la que evadieron previamente, pero además con las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS. Emilio Basavilbaso, actual titular de ANSeS, ya declaró que, “a lo mejor”, alcanza con la renta del FGS. Casi nadie lo cree así. Pero en cualquier caso, lo del blanqueo habría sido apenas una maniobra discursiva para justificarlo ante la opinión pública. Lo que sí se puede decir es que el planteo era inconsistente a todas luces. Porque la resolución de los juicios recalculando haberes genera obligaciones permanentes. Todos los meses hay que pagar las jubilaciones aumentadas. En cambio, el blanqueo genera ingresos por única vez. Que podrían destinarse, eso sí, a pagar los retroactivos (también una obligación de única vez).
Recapitulemos sobre el uso de la renta que genera el FGS. Se trata de una montaña de dinero heredada de las AFJP, invertida en distintos instrumentos (bonos, acciones, etc.), que genera una renta anual de alrededor de ochenta mil millones de pesos, que se suman al flujo de ingresos que percibe ANSeS. En el Gobierno estiman, extraoficialmente, que con esa plata alcanzará para cubrir estas nuevas erogaciones, sin necesidad de vender activos del fondo (acciones del Grupo Clarín, por ejemplo). No es muy creíble la hipótesis. Sobre todo, porque en el proyecto de ley el Gobierno decidió incluir las modificaciones que le dan al titular de ANSeS mayor flexibilidad para desprenderse de acciones y títulos del FGS. Si la renta garantizara el pago, no necesitarían vender. Pero por otro lado, si vendieran, la plata que recaudarían sería, de nuevo, por una vez. Y eliminarían, al menos parcialmente, el flujo de rentas. En esta hipótesis, la bancarrota sería cuestión de tiempo.
Si resulta importante analizar todo esto, no es debido a un miedo ancestral a los déficit, sino porque afectaría decisivamente el cálculo de la movilidad jubilatoria. Es decir, de todo esto depende que los haberes jubilatorios aumenten en más o en menos en lo sucesivo.
Veamos un poco más: en cumplimiento de otro fallo judicial, el Gobierno se comprometió a devolver gradualmente a las provincias quince puntos que les retenía de coparticipación, otro de los flujos que ANSeS recibe: parte de lo recaudado por impuesto a los combustibles, IVA, Ganancias, etc. Esa plata les será reintegrada a las provincias, a razón de tres puntos por año, a lo largo de un lustro.
Para que ANSeS no pierda ingresos, a los funcionarios se les ocurrió una ingeniería financiera. En caso de ser necesario para cubrir el total de obligaciones, el Tesoro prestará, a tasa BADLAR (hoy andará en alrededor de 35% anual) lo que ANSeS resigne por la devolución a las provincias.
O sea, el flujo impositivo que recibe actualmente ANSeS se irá reduciendo gradualmente. Y, si llegara a hacer falta, será reemplazado por deuda contraída con el Tesoro nacional.
Para saber la incidencia que esto puede tener, hay que repasar un poco cómo es el cálculo para el aumento semestral de las jubilaciones. La ley de movilidad jubilatoria, de 2008, determina que el coeficiente se obtiene a partir de la confrontación de dos componentes: el A, que vincula la variación salarial con el flujo de ingresos de ANSeS por vía impositiva. Este flujo estará dañado en tanto se empiece a recomponer la coparticipación a las provincias. El otro componente del cálculo, el B, resulta del incremento en el flujo total de ingresos de ANSeS (impuestos, aportes y contribuciones, y rentas del FGS) dividido por las erogaciones que ANSeS tenga comprometidas. La cuenta que da menos de las dos es la que finalmente se utiliza para definir el resultado.
Si las obligaciones aumentan y los ingresos disminuyen, es obvio, tanto el componente A como el B serán más bajos. Así que, muy a priori, es posible concluir que la modificación más importante en el sistema previsional es la que cambia el equilibrio de erogaciones e ingresos de ANSeS, reduciendo los últimos y aumentando las primeras en beneficio del 20% que mejor cobraba ya antes de las reformas, lo cual determinará que los nuevos aumentos definidos por la ley de movilidad se ajusten a la baja (habrá aumentos, pero porcentualmente inferiores a los que venimos acostumbrados).
En caso de que la estrategia del gobierno tenga éxito, ésa y no el blanqueo será la verdadera fuente de sustentabilidad del nuevo esquema previsional. Sumada a otros detalles como el de subir la edad jubilatoria de mujeres sin aportes hasta los 65 años, ítem que consta en el proyecto enviado al Congreso, pero que fuera convenientemente ocultado en la conferencia de prensa de los anuncios. O la ya mencionada reducción del haber mínimo. Aparte de la dilación en el cumplimiento de las promesas de reajuste. Todo esto, claro, sin perjuicio de que por merma en la actividad económica y aumento del desempleo los ingresos de ANSeS sufran algún que otro golpecito más.
Lo cual sería más ruinoso todavía, claro, pero ya formará parte de otra historia.

viernes, 16 de septiembre de 2016

Inflación núcleo y el núcleo del dilema inflacionario

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Se discute mucho sobre la dinámica de los precios de los bienes. Y es lógico, porque es algo que afecta demasiado la vida de las personas. Es lo que define nuestro segundo vínculo con lo material: el primero es la producción; el segundo, la apropiación de los bienes producidos, que en muchos casos son esenciales para la supervivencia. Por lo general, se usa el término inflación de forma genérica para rotular este tópico. Sobre este punto podría ser útil hacer algunas aclaraciones.
La inflación puede definirse como el aumento persistente y regular de todos los precios de la economía, en proporciones similares, durante un período determinado.
Acá ya tenemos un primer elemento a tener en cuenta: la inflación no es un hecho, sino un proceso, una continuidad de hechos. Los precios varían, si bien no de manera absolutamente sincrónica, más o menos armónicamente entre sí. Todos van aumentando a un ritmo similar, en los mismos porcentajes. Y estos aumentos abarcan un período determinado.
Agreguemos algo que por lo general se pierde de vista: el salario es también uno de esos precios que varían al alza. Es el precio de venta de la fuerza de trabajo por parte del trabajador. De manera tal que, en un proceso inflacionario, los precios de los bienes y los salarios aumentan más o menos proporcionalmente. En términos teóricos, si tenemos inflación, la llamada “carrera entre precios y salarios” es, si bien irregular, también pareja. Por momentos sacan ventaja los precios de algunos bienes, después se acomodan otros; por momentos, el salario se recompone y hasta sobrepasa el nivel de precios, etc. Pero de punta a punta del período, el poder adquisitivo del salario –medido en cantidad de bienes que se pueden comprar con él– termina siendo aproximadamente el mismo.
La inflación, entonces, en la teoría, es un fenómeno nominal, no real. Cambia la nominación del valor de lo que compro y de lo que cobro. Pero en términos reales, mi sueldo equivale siempre a la misma cantidad de productos. Claro que en la práctica las cosas no siempre son como en la teoría, porque intervienen muchos otros factores. Por ejemplo, si la inflación viene mostrando una inercia que la ubica en 25% anual, y en un hecho puntual un producto como el tomate, debido a algún factor climático, ve declinar su oferta, y como consecuencia su precio aumenta 70%, no estamos en este caso ante una variación propia del proceso inflacionario, sino que nos encontramos ante una corrección de precios relativos –como le gusta decir a Alfonso Prat Gay–. ¿Por qué?
En realidad, lo que ocurre allí es que aumenta el valor del tomate en relación a los de los otros bienes y servicios. Su precio relativo, por ende, pasa a ser mayor, ya que se trata de un bien más escaso que antes y por lo tanto más deseable por sus habituales consumidores. Cuando el clima se normaliza, la cosecha de tomate también; se conforma una oferta robusta, y el precio vuelve a su nivel natural, ya que desciende a su estatura habitual el valor mismo del bien.
Las actuales autoridades, para marcar esta diferencia sin que se note demasiado la verdadera naturaleza de los hechos y sus consecuencias, recurren ahora al concepto “inflación núcleo”.
Se refieren exactamente a lo que es en realidad inflación pura. Es decir, los cambios de precios armónicos, producto sólo de un fenómeno nominal. Los despojan, en este concepto, de los aumentos que se producen por decisiones puntuales de las autoridades económicas (quita de retenciones o de subsidios), que son los que afectan decisivamente el poder adquisitivo del salario. Es por este motivo que Prat Gay señaló en algún momento, con razón, que lo que estaba ocurriendo, más que una aceleración de la inflación, era una corrección de precios relativos.
Precios como los de la carne, el pan, la leche, los alimentos en general, la luz, el gas, el agua, el transporte, los combustibles, sufren, desde hace seis meses, aumentos adicionales, propios de la eliminación de las barreras que los mantenían contenidos (subsidios, congelamientos, controles de precios, retenciones, ancla cambiaria). Eso compone el famoso “sinceramiento” de precios.
Al salario, lamentablemente, no le ha tocado una corrección semejante. De manera que se pierde poder adquisitivo, no por la inflación, ni por la “inflación núcleo” ni por la dinámica nominal de los precios, sino por decisiones económicas puntuales que provocan aumentos reales de determinados bienes, de una sola vez, que no serán equiparados por los otros precios.
La corrección de precios relativos es lo que afecta al salario realmente. Ya que “sinceran” que el precio del pan estaba demasiado bajo en relación a los sueldos de los panaderos. Entonces, mientras el primero aumenta 80%, el segundo lo hará sólo en 30%. El Gobierno puede atribuirle a la gestión anterior la inercia inflacionaria –hace al menos siete u ocho años que tenemos inflación superior al 20% anual–. El tema es que esa inercia inflacionaria daría, en el peor de los casos, un empate del salario con los precios de una canasta de productos más o menos esencial.
Sin embargo, la corrección de precios relativos –que se da puramente por decisión política del actual gobierno– tiene como finalidad devaluar el salario en relación a los precios de los otros bienes. Es muy probable que, si resulta exitosa, esta corrección de precios relativos termine por disminuir drásticamente la inflación. En ese momento, la “buena” noticia será que, con el correr del tiempo, se iría eliminando la variación constante de precios… y también la de los salarios.
La noticia mala será que esto se logrará gracias a una elevación importante (por única vez) del nivel de precios. O sea, una devaluación del salario en relación a los bienes y servicios que compra.
Sincerar precios de esta manera equivale a decir que se los ubica en el nivel que les corresponde, lejos de las intervenciones artificiales que los volvían más accesibles para el público promedio. Convencernos, finalmente, de que vivíamos en una ficción en la cual las cosas costaban más baratas de lo que debían. ¿Según quién? Bueno, según el que gana plata produciéndolas y comercializándolas. Como alguien ligado al gobierno nacional dijo por ahí, somos en realidad más pobres de lo que nos hicieron creer en doce años de –así le llaman– ficción.
Y hasta tal vez esperan que nos sintamos agradecidos por este baño de sinceridad.

jueves, 15 de septiembre de 2016

Dólar futuro: el chancho y los dueños

http://abcenlinea.com.ar/dolar-futuro-el-chancho-y-los-duenos/



Finalmente se supo que los famosos contratos de dólar a futuro, que según el juez Claudio Bonadío podrían haber constituido un delito en el marco de una asociación ilícita, habían sido suscriptos por personas ajenas al kirchnerismo; y en más que muchos casos, vinculadas al PRO.
Esto no tiene más interés que el despertado por la causa inventada por Bonadío, que pretendió criminalizar el uso de una herramienta de política monetaria y cambiaria.
El tiempo verbal pasado a la hora de hablar de la causa es por la casi certeza de que la misma va camino a extinguirse, debido a que el único sostén que tenía era político (surge además de una denuncia de Mario Negri y Federico Pinedo, legisladores nacionales de Cambiemos).
Conocer la lista de quienes ganaron con la maniobra del BCRA termina quitando del medio el móvil fundamental que motorizara la investigación: la asociación ilícita no cierra si los que ganaron con la operatoria no tienen ningún vínculo con los que decidieron aplicar la herramienta. 
Los contratos de dólar a futuro son instrumentos muy utilizados por los bancos centrales de todo el mundo como medio de intervención en el mercado cambiario a través del ejercicio de la política monetaria. Sirven para que el Banco Central le dé al mercado algún indicio de cómo seguirá administrando el tipo de cambio, y qué criterios usará en materia de expansión o contracción monetaria.
En el caso puntual de los contratos cuestionados, lo que decidió el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, es fácil de explicar: identificó una demanda de dólares más importante que la que la entidad estaba dispuesta a afrontar mediante la venta de reservas. Esta demanda, si no se compensaba con oferta pareja, derivaría en una devaluación del tipo de cambio. Entonces, les ofreció a los potenciales compradores de dólares (a los que lo hacen en grandes cantidades) unos papeles sucedáneos del dólar, que actuarían como seguro de cambio. Es decir, los compraban a alrededor de 10 pesos, y a su vencimiento (en marzo) el Banco Central les aseguraba el cobro de esa suma más la diferencia con la cotización del dólar oficial de ese momento. De esa forma se descomprimía la demanda de dólares y se alejaban temporalmente las presiones devaluatorias. Al menos en teoría. 
Lo que motivó la denuncia fue una comparación caprichosa. El dólar a futuro que vendía Vanoli cotizaba por debajo de los contratos que entre privados se celebraban en Nueva York, y era bastante menor al precio del contado con liquidación, que es un tipo de cambio financiero –el que pagan las empresas para fugar dólares del país legalmente–. Lo cierto es que si Vanoli hubiera debido ofrecer dólar a futuro a alguna de las cotizaciones de algunos de los dólares financieros que determina el mercado, estos contratos, como herramienta de intervención cambiaria, se habrían visto muy limitados. Justamente, a mayor autonomía del BCRA respecto del mercado para fijar valores, más efectivas pueden ser sus intervenciones.
La operación le reportó finalmente al Banco Central pérdidas por 70 mil millones de pesos, aproximadamente. Porque, al momento del vencimiento de los contratos, el dólar ya no estaba a 10 pesos, sino a alrededor de 16. Y hubo que pagar esa diferencia.
Ahora bien, es muy evidente que para que la operatoria fuese ruinosa era estrictamente necesario el concurso de la devaluación del tipo de cambio oficial, cosa que se encontraba fuera del alcance de Vanoli después del 10 de diciembre de 2015. Si el dólar en marzo de 2016 hubiese valido 10 pesos, no habría habido tales pérdidas. Es decir, la decisión de salir apresuradamente del cepo cambiario fue condición sine qua non para el quebranto con los contratos de dólar a futuro, y para que quienes habían comprado estos contratos ganaran plata con ellos. Por ejemplo, el papá del Presidente; o actuales funcionarios, como Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, entre otros.
Y convengamos que, así como podía preverse que la salida abrupta del cepo derivaría en una unificación del tipo de cambio a un valor bastante más alto que 10 pesos, era bastante polémico que tal salida se hiciese en forma de shock y no, como sostenían por ejemplo los economistas del massismo, de modo gradual. De haberse salido por etapas de los controles cambiarios llamados cepo, tal vez se llegaba a marzo con un dólar de 11 o 12 pesos; y, por ende, las pérdidas del Central, y las ganancias de los compradores de contratos, habrían sido más módicas. Así que la cuestión dependía bastante de las decisiones que tomaran quienes sí tenían vínculos con los ganadores de la operación. 
Independientemente de que uno tome partido por la devaluación brusca, o bien por la gradual, lo que no se puede negar es que se trató de una decisión voluntaria, tomada en pleno uso de las facultades gubernativas, con alternativas al alcance de la mano, y que tuvo consecuencias muy previsibles, tanto en términos generales como en el caso específico de estos contratos. En un contexto en el que, casualmente, varias personas ligadas al PRO podían hacer excelentes ganancias a partir de esta decisión.
Pero hay un factor más escabroso, todavía. Y es que, a partir del pago de dichos contratos, el dólar empezó a bajar, ubicándose hoy unos 50 centavos arriba de los 14 pesos, aproximadamente.
En definitiva, por más que diga lo contrario, la gestión macrista decidió premiar a quienes especularon con la suba del tipo de cambio. Concediéndosela, lisa y llanamente, acorde a lo que fuera promesa de campaña del actual presidente en el Coloquio de IDEA, cuando les dijo a los más grandes empresarios del país que durante su mandato el valor del dólar lo iban a poner ellos.
Otro detalle a observar es que para pagar los contratos de dólar a futuro el BCRA tiene que poner pesos. O sea, emitir moneda. Cosa que no concuerda con la intención de su actual conducción, que pretende aplicar una política monetaria contractiva, emitiendo menos y esterilizando la emisión a través del uso de Lebac, que pagan 38% de interés, y por lo tanto desincentivan a los bancos a prestarle al sector privado, al menos a tasas inferiores al 40% anual.
De esto puede dar testimonio cualquier persona de clase media que intenta refinanciar un saldo de tarjeta de crédito o que pide un préstamo personal para comprar algún bien durable.
Teniendo en cuenta esto, y que la operatoria contractiva con Lebac le representan al BCRA una pérdida potencial mucho mayor a la de los contratos de dólar a futuro, podemos sospechar de que se trata de una persecución ideológica por parte de los dueños de la política cambiaria y monetaria argentina en contra de alguien que intentó un camino distinto al de dejarse colocar el valor del dólar en el nivel “adecuado”, que sería el que les permite a los interesados ganar más plata.
Ninguna novedad, la legalidad es un hombre de paja tras el que subyacen disputas de poder.

La falacia del “endeudamiento, pero sólo para infraestructura”

A continuación, empezaremos a publicar por este medio aquellos artículos que salieron en ABC en línea. La idea es hacer un recorrido por los análisis sobre la economía en tiempos de Macri, con pronósticos, fallidos y de los otros, incluídos.
A partir de acá, el primero de esos artículos.



http://abcenlinea.com.ar/la-falacia-del-endeudamiento-pero-solo-para-infraestructura/


El dinero tiene la característica innegable de ser el bien fungible por excelencia. Si alguien presta 300 pesos, no es necesario que la devolución se haga con los mismos billetes. Cualesquiera tres billetes de 100 pesos cumplirán la misma función: reemplazar los 300 pesos prestados y saldar de esa forma el contrato. El valor simbólico del billete es el que cuenta; físicamente, da lo mismo.
Esta pequeña introducción es, aunque no lo parezca, decisiva en cierta materia que llamaremos falacia del endeudamiento externo exclusivamente para realización de obras de infraestructura. Un tópico que, con el regreso al ciclo de endeudamiento propuesto por el gobierno nacional a partir de la resolución del diferendo buitre, está siendo muy usado: tomar deuda, pero solamente para obras de infraestructura.
La toma de deuda externa por parte de los países (la que se considera pública, a pesar de que en el tramo externo todo endeudamiento termina siendo tal; más adelante lo ampliaremos) tiene un objetivo fundamental: lograr los llamados equilibrios macroeconómicos, que se basan, en primer término, en respaldar con divisas el funcionamiento de la economía doméstica. El volumen de deuda necesario se vincula, a través de un cálculo financiero, con la demanda de divisas existente en relación a la moneda doméstica circulante.
Toda toma de deuda externa, entonces, está pensada en base a la necesidad de hacer ingresar las divisas que –sumadas a las que entran por otras vías– garanticen la disponibilidad necesaria para satisfacer esa demanda. Es exactamente esto lo que los expertos (como las calificadoras de riesgo; o el certificador de deudores, que es el FMI) evalúan a la hora de señalarles a los mercados (que son por lo general entidades financieras que reúnen excedentes acumulados por clientes avaros que los quieren convertir en mayor riqueza todavía) a quién conviene prestarle y a quién no. Básicamente, en el fondo de todo este intrincado funcionamiento sistémico está la siguiente pregunta (que las calificadoras deben responderle al mundo de las finanzas): ¿nos vamos a poder llevar la nuestra en cuanto queramos? ¿Nuestros clientes podrán remitir utilidades dolarizadas a sus casas matrices? ¿La tendrán disponible?
El equilibrio macroeconómico que importa a estos fines es el que permite mantener los flujos habituales por cuenta financiera. Que son, en definitiva, los que contribuyen a que ciertas regiones del mundo estén provistas de mayor capital y cuenten con la solvencia necesaria como para, por ejemplo, imponer su moneda como de circulación mundial. Digamos, ¿para qué necesitarían dólares todos los países del mundo, si no fuera para aceitar un proceso de circulación de bienes, servicios y fondos que –al final del ciclo– contribuye a la acumulación de excedentes de capital, representados financieramente en los índices de Wall Street? La imposición histórica de esos flujos como “naturales” es la base de la dominación global norteamericana.
Para ser claros: las obras de infraestructura en Argentina se pagan en pesos. Si la deuda es en dólares, no es solamente por la necesidad de obtener financiamiento para ellas. 
Es cierto que los volúmenes que se pueden conseguir en mercados extranjeros son mucho mayores a los de financiación local. Pero, de todas formas, es claro que hay otros motivos para la toma de deuda externa en dólares, incluso cuando sea sin perjuicio de que la obra se termine finalmente construyendo.
Supongamos un ejemplo para nada descabellado: se toma un crédito para determinada obra. Y en el ínterin se produce una corrida contra el peso (atribuida a los desequilibrios que se quiera), en la cual primero los mercados y después los particulares demanden dólares (y ninguna otra moneda, dato clave éste) para refugiar el poder adquisitivo de sus ahorros. La autoridad monetaria reaccionará, como es lógico, vendiendo dólares para calmar esa demanda coyuntural. Y entonces, por la fungibilidad del dinero de la que hablábamos, ¿quién podría decir que los dólares que se recibieron en préstamo son otros distintos de los que se vendieron para paliar la corrida? Justamente por esto mismo no sería igual que nos prestaran yuanes, y ni siquiera euros, a los cuales, en caso de recibirlos, correríamos rápidamente a convertirlos en dólares ante la eventualidad de tener que satisfacer demandas como la descripta. Porque lo que define qué moneda es preferible atesorar para los bancos centrales es la demanda, real o potencial.
De manera tal que importa menos cuáles obras de infraestructura se podrán hacer o no con la plata que se recibe en préstamo –o mejor dicho, con la que se emite con ese respaldo–, en tanto la función principal de ese dinero es consolidar la garantía de que se produzcan los habituales flujos por cuenta financiera. Que, dicho sea de paso, suelen terminar dando saldo negativo para los países del tercer mundo, aunque compensable con nueva deuda, que no se transformaría en impagable si sirviera para agrandar la base productiva por encima de los niveles de endeudamiento, cosa que suele ser anunciada al inicio de cada ciclo de endeudamiento pero que no ocurrió nunca en la historia de la humanidad. Ni seguramente nunca ocurra porque la naturaleza del endeudamiento es otra, y no el infantil win-win que suelen postular los acreedores.
Por eso, en una economía como la argentina, que tiene extranjerizadas muchas de sus palancas principales, cualquier ingreso de dólares se convierte en una potencial promesa de egresos posteriores. Todos los dólares que nos den, por la vía que sea, son pasibles de que nos los quieran cobrar en el futuro. A tal punto llega la cuestión que la distinción entre deuda pública y deuda privada (cuando hablamos de endeudamiento externo) es bastante difusa. 
Al ser los dólares un bien escaso, y (peor) su disponibilidad un factor exógeno para nuestra economía, la necesidad de obtenerlos por parte de un privado para pagar su deuda con un banco extranjero provoca indirectamente restricciones en el resto de los actores económicos. Las divisas que se usan para un fin no podrán usarse para otros. En tanto una empresa tenga que garantizarse dólares para devolver un crédito, ellos no estarán disponibles para comprar medicamentos que no se produzcan aquí.
El establecimiento de prioridades a la hora de asignar recursos podría paliar algunas consecuencias de esta situación, pero no todas. Cualquier deuda externa (pública o privada) es, en definitiva, de todos. Y por lo tanto, los Estados no deberían liberar a los privados a tomar la deuda que quisieran, ni tampoco arbitrar la apertura comercial y financiera que les permita recibir inversiones externas indiscriminadamente a través de sus operatorias en la bolsa de comercio, ya que ésa es otra fuente de endeudamiento encubierto. Lo dicho hasta aquí no tiene por objeto inculcar la extravagante idea de que es conveniente eliminar la deuda pública, que es una herramienta válida de política económica, pero sí remarcar la necesidad de entender de forma realista la naturaleza de la misma para ser conscientes de los riesgos que supone, aun cuando sean maquillados (¿quién puede negar que Argentina necesita importantes y urgentes obras de infraestructura?).
Y esta necesidad de llamar la atención se vuelve más patente cuando se vislumbran ciertas actitudes gubernamentales de las que se desprende una alta desaprensión por estos riesgos, y demasiada proclividad a los excesos en materia de endeudamiento.